De Llera dice que la Ley de Tasas "ataca" a los más desfavorecidos y "rompe" el principio de igualdad ante la Justicia

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha criticado este lunes que la modificación de la Ley de Tasas Judiciales prevista por el Gobierno del Estado "supone un ataque a las clases desfavorecidas y rompe el principio de igualdad al limitar el acceso a este servicio esencial por cuestiones económicas".

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha criticado este lunes que la modificación de la Ley de Tasas Judiciales prevista por el Gobierno del Estado "supone un ataque a las clases desfavorecidas y rompe el principio de igualdad al limitar el acceso a este servicio esencial por cuestiones económicas".

El titular de Justicia e Interior ha explicado en declaraciones a Europa Press que el nuevo sistema de tasas "va a perjudicar a una gran franja de ciudadanos" que no reúnen los requisitos para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita y que carecen de los medios suficientes para poder litigar en muchos casos y "más aún" para recurrir.

Además, ha puesto de relieve que el pago de tasas pueda superar hasta los 800 euros para pleitos laborales o contencioso-administrativo que hasta ahora estaban exentos, "lo que puede suponer que haya casos en que la tasa que se ha de abonar sea superior a la cuantía por la que se vaya a litigar, como puede ocurrir por ejemplo con muchas infracciones de tráfico".

"No podemos compartir la propuesta de establecer este tipo de tasas en la Administración de Justicia porque defendemos un modelo público de Justicia universal", ha subrayado De Llera, quien ha lamentado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no tenga en cuenta las voces "críticas" de operadores jurídicos, colectivos sociales y partidos políticos, "que han advertido de que la nueva norma puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva" recogido en la Constitución.

El consejero ha mostrado su acuerdo con la necesidad de abordar el problema de la excesiva litigiosidad y el abuso reiterado de los recursos legales, pero ha precisado que "debe hacerse desde otra perspectiva que no lleve aparejada una restricción a un derecho y una discriminación por razones económicas que pone en cuestión el principio de igualdad".

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