El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha rechazado este lunes los desahucios inmobiliarios y ha instado al Gobierno de España a actuar con "premura" para poner en marcha las medidas que permitan a los propietarios de las viviendas embargadas que puedan hacerse cargo de su deuda en condiciones "justas", con las moratorias justificadas y que puedan acceder a una vivienda digna. La institución ha aprobado una moción de CHA, enmendada por PAR e IU, por unanimidad.

El portavoz del Grupo Provincial de CHA, Bizén Fuster, ha considerado "que los desahucios de la vivienda habitual, junto al paro y la situación de esos hogares en los que ningún miembro recibe ingresos, son los grandes dramas sociales a los que las instituciones deben poner solución de manera urgente".

"El Estado tiene que reaccionar, no puede seguir recortando servicios y destinar el dinero público a las entidades financieras que, al mismo tiempo, despojan a las familias sin recursos de unas viviendas por no poder hacer frente a unos créditos que los propios bancos concedieron".

La moción de CHA, entre otras cuestiones, solicita expresamente a las entidades financieras que —en tanto en cuanto esta nueva regulación se apruebe—, dado el esfuerzo que el conjunto de la sociedad está realizando en su ayuda y dada su corresponsabilidad en la exagerada generalización de concesión de hipotecas en los años en los que la crisis se generó, extremen al límite su política de responsabilidad social de forma que su objetivo sea también que ninguna familia de su cartera de clientes se quede sin una vivienda.

Fuster ha señalado que en lo que va de año se han producido 177 desahucios inmobiliarios en Aragón y en toda España pueden llegar a los 500.000, tras lo que ha recordado que desde instancias como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los jueces decanos "se está planteando que haya una respuesta en este sentido".

El diputado de IU José Ángel Miramón ha lamentado esta "dramática situación" que viven algunas familias que han comprado una vivienda para tener "un hogar propio", no para vivir por encima de sus posibilidades ni por "afán especulador".

En opinión de Miramón la evolución de la crisis, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la situación del mercado laboral "han quebrado la capacidad de muchas familias para hacer frente a sus hipotecas", tras lo que ha recordado que pese a entregar sus viviendas a la entidad que les ha concedido el crédito impagado siguen pendientes de pagar su deuda con la misma.

El portavoz del PAR Máximo Ariza ha lamentado la situación en la que se ven los ciudadanos afectados por desahucios —también los restantes portavoces— y ha animado a adoptar medidas legislativas con el mayor consenso posible.

El portavoz del Grupo Socialista, Martín Llanas, ha dicho que todos los ciudadanos son testigos de la "falta de compasión" de las entidades bancarias a la hora de ejecutar hipotecas. "Se ha estado mandando a gente a vivir debajo de un puente", ha criticado.

Martín Llanas ha rechazado los intereses de "usura", ha defendido que los bancos recuperen el dinero que prestan con un interés "razonable" y ha apoyado las "soluciones intermedias", como el alquiler social. "La sociedad ha entendido que la banca es muy importante y ahora la banca debe entender que hay que respetar —a los ciudadanos— más de lo que se les ha respetado".

El portavoz del Grupo Popular, José Manuel Larqué, ha resaltado "el esfuerzo e interés" del Gobierno de España por solucionar el problema de los desahucios. Ha destacado que el Gobierno de España pondrá en marcha medidas "en el menor tiempo posible" y ha criticado los productos financieros "abusivos".