El Justicia de Aragón, ante el problema social que supone para un amplio colectivo de la población el impago de la hipoteca y el consiguiente riesgo de desahucio, ha pedido al Ejecutivo autonómico que facilite el arrendamiento con opción de compra, dejando exentos del pago de impuestos las transmisiones que esta operación suponga.

Con este fin, Fernando García Vicente, ha sugerido que contacte con los Colegios de Notarios y de Registradores de la Propiedad para reducir los gastos de formalización de estas operaciones.

En el escrito dirigido al consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, José Luis Saz, el Justicia ha alertado de las graves consecuencias que se producen cuando una persona o una pareja que concertó un préstamo con una entidad de crédito y lo garantizó con una hipoteca, se encuentra incapaz de hacer frente a las obligaciones contraídas por una causa que, en su día, no era previsible y que, normalmente, es el desempleo.

Ha añadido que el descenso de valor de los pisos hace que sea imposible su venta a un tercero. "Esa situación aboca al desahucio, con el drama personal y social que supone para una familia, en una situación económica precaria, tener que abandonar su domicilio, sin que ello suponga el que se extinga la responsabilidad patrimonial personal por el pago del crédito, ya que el deudor, según el artículo 1911 del Código Civil, responde con la totalidad de sus bienes presentes y futuros", ha expuesto el Justicia.

García Vicente ha explicado, en la sugerencia que ha realizado al consejero, cómo actúa el Justiciazgo cuando acuden a esta institución personas en riesgo de desahucio a las que, en general, se les recomienda que traten de negociar con la entidad financiera, "que tampoco tiene interés en quedarse con un piso devaluado", para obtener un aplazamiento en el pago de las amortizaciones, la prórroga de la duración del crédito o la dación en pago a la entidad financiera, cuando sea posible.

Sin embargo, en opinión del Justicia, estas soluciones de compromiso no siempre prosperan por la actitud de la banca, con el argumento de que con ello se perjudica la seguridad jurídica y la solvencia de sus instituciones. Una posibilidad que puede salvar estos dos obstáculos es sustituir el contrato de préstamo con garantía hipotecaria por el de un arrendamiento asumible con opción de compra, lo que permitiría al banco mantener la garantía y al deudor, el uso de la vivienda sin perder la expectativa de compra, a ejercitar cuando mejore su situación económica.

El Justicia de Aragón ha reconocido que esta opción tiene obstáculos, muchas veces insalvables: volver a pagar el impuesto de transmisiones y otros, como los gastos de formalización de la cancelación de hipoteca y de formalización del nuevos contrato de arrendamiento con opción de compra, así como los derivados de la opción, si en su día, se ejercita.

Para salvarlos, García Vicente ha sugerido al Gobierno de Aragón que, cuando se produzca la novación de contrato de préstamo por el de recuperación de la propiedad y ello vaya unido a un arrendamiento con opción de compra, se considere exento del pago del impuesto de transmisiones tanto la compraventa a favor del banco, como el contrato de arrendamiento con opción de compra, como la opción de compra, si se realiza.