Comisión de investigación de Cantur, desahucios y anulación del concurso eólico, a debate mañana en el Parlamento

También se hablará de la sentencia del Supremo que ordena la demolición de la depuradora de Vuelta Ostrera

La propuesta del PP de crear una comisión de investigación sobre la gestión del anterior Gobierno (PRC-PSOE) en la empresa pública Cantur, la anulación del concurso eólico y los desahucios son algunos de los principales temas de actualidad que se debatirán este lunes, 12 de noviembre, en el Pleno del Parlamento de Cantabria.

La sesión, de carácter ordinario, arrancará a las 17.00 horas con el debate y votación de sendas mociones del PSOE y del PRC que son continuación de las interpelaciones del pasado lunes sobre los criterios que el Gobierno tiene previsto incorporar en los Presupuestos de 2013 para hacer frente al crecimiento del desempleo, y sobre los procedimientos operativos del Centro de Atención de las Emergencias y la revisión y actualización de los planes de protección civil vigentes.

En la primera, el PSOE advierte del "máximo histórico" de personas inscritas al Servicio Público de Empleo (EMCAN), con 53.965 parados apuntados en ellas en octubre, y de la caída de las afiliaciones en la Seguridad Social e insta al Gobierno a adoptar medidas de reactivación económica que propicien las condiciones para impulsar la creación de empleo en Cantabria.

Por su parte, los regionalistas, en la suya, denuncian la "poda sin cuartel" que, a su juicio, está realizando el Gobierno de Cantabria en el Servicio de Protección Civil, con un recorte para el próximo año de 200.000 euros en el presupuesto de la empresa pública SEMCA y una disposición por la que se pueden anular los convenios de colaboración existentes con los ayuntamientos de Santander, Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales para la atención de emergencias.

Desde el PRC advierten que estos nuevos recortes, sumados a los que ya se han producido en el presente ejercicio, suponen "un nuevo peligro para la adecuada prestación del servicio". Además, en su propuesta, piden la Ejecutivo que presenten en el plazo de siete meses la revisión y actualización de los planes de protección civil de la comunidad autónoma y aplique los procedimientos operativos del Centro de Gestión de las Emergencias.

A continuación, el PSOE defenderá sus propuestas para intentar evitar los desahucios por impago de hipotecas y medidas que ayuden a las personas en esta situación. En su proposición no de ley sobre este asunto, los socialistas insta al Gobierno a poner en marcha un programa de alquiler social con viviendas a precios de renta y a poner en marcha servicios de información y asesoramiento en colaboración con los principales ayuntamientos de Cantabria.

El PP ha registrado una enmienda a la proposición no de ley del PSOE en la que propone que, "una vez conocidas las medidas tomadas por las Cortes Generales para evitar los desahucios por impago de hipotecas", se abra un proceso de diálogo entre las principales fuerzas políticas de la región "con el fin de analizar las posibles medidas a aplicar en Cantabria para paliar las consecuencias sociales derivados de este problema".

Además, a través de esta iniciativa, el grupo popular insta al Gobierno de Cantabria a que, en colaboración con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y las asociaciones de consumidores, se garanticen los servicios de información y apoyo a las personas que lo demanden con el fin de evitar los desahucios por impago de hipotecas.

Tras el debate de este punto, le llegará el turno a una proposición no de ley del PRC sobre las negociaciones para la firma de un convenio de asistencia sanitaria a los ciudadanos de Castro Urdiales en el País Vasco.

En ella, los regionalistas piden que se inste al Gobierno de Cantabria a iniciar con el nuevo Gobierno del País Vasco que se conforme las negociaciones necesarias para la firma de un convenio que garantice la atención a estos ciudadanos en los centros de atención especializada de la comunidad autónoma vecina.

Desde el PRC, reclaman al Gobierno de Cantabria que la firma de este convenio no se retrase más de tres meses desde la constitución del nuevo Gobierno vasco.

Asimismo, el Pleno aprobará una proposición no de ley consensuada por los tres grupos orientada a incorporar como condición de ejecución de los contratos de obras públicas el cumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias de las obligaciones legales de pago a los subcontratistas.

La iniciativa, impulsada por el PRC responde a una petición de la Asociación de Excavadores (AEXCA), motivada por los "retrasos excesivos" que sufren muchas pequeñas y medianas empresas a la hora de cobrar por sus trabajos.

La propuesta insta al Ejecutivo y recomienda al resto de administraciones públicas a analizar, en el plazo de seis meses, la viabilidad legal de incorporar como condición de ejecución del contrato con los adjudicatarios de obras públicas el cumplimiento de las obligaciones legales de pago a los subcontratistas, la posibilidad jurídica de que el incumplimiento de tales obligaciones pueda ser considerado infracción grave a efectos de resolver el contrato y el margen legal para incluir en los contratos el pago directo a las empresas subcontratistas en caso de mora del contratista principal.

Posteriormente se debatirá la propuesta del PP de crear una Comisión de investigación sobre la gestión del anterior ejecutivo de la empresa pública CANTUR, cuya aprobación está garantizada (salvo que algún diputado 'popular' no vote) en virtud de la mayoría absoluta con que cuenta este grupo, que suma 20 escaños frente a 19 de PRC y PSOE.

A juicio de los 'populares', la creación de esta Comisión encuentra justificación en los "indicios sobre actuaciones irregulares de especial gravedad" advertidos por los actuales responsables de la empresa pública en las auditorias realizadas y los libros contables.

El PP señala sostiene en su propuesta que el derecho de la ciudadanía de conocer la gestión de las empresas públicas fue "hurtado" durante la etapa de gobierno de regionalistas y socialistas.

Anulación del concurso eólico

Asimismo, el PP interpelará a su Gobierno sobre sus criterios sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anula el concurso eólico.

También el PRC formulará tres preguntas sobre este tema, en concreto sobre las garantías para evitar responsabilidad en el caso de que la potencia eólica asignada en el concurso no pudiera materializarse; recurso contra la sentencia; y existencia de informes jurídicos o técnicos que avalaban la decisión del anterior Gobierno de convocar el concurso eólico.

Por otro lado, el PRC interpelará al Ejecutivo sobre la estrategia prevista para luchar contra el intrusismo en el ámbito del turismo rural, algo que, a su juicio, ha "empañado" el "éxito" que han conseguido este tipo de activodades, y el PSOE sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ordena el derribo de la depuradora de aguas residuales de Vuelta Ostrera.

PREGUNTAS

En otro orden de cosas, el PRC preguntará por la promoción de manera oficial y financiación de la plataforma de mujeres "Woman's Week". Y el PSOE preguntará por las deudas de la empresa pública MARE con el Ayuntamiento de Torrelavega, y previsiones para el pago de la misma.

El orden del día se completa con varias preguntas del PRC por la no remisión de documentación solicitada por este grupo en materia de empleo e iguldad de oportunidades y violencia de género.

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