Los puertorriqueños han dicho por vez primera en su historia, en una consulta no vinculante, que quieren convertirse en un estado más de EE.UU., en lugar del modelo de Estado Libre Asociado que rige sus relaciones desde 1952.

El resultado de la consulta celebrada el martes en coincidencia con las elecciones generales rompe con décadas de apoyo de los puertorriqueños al actual estatus, que perpetúa una relación por la que Washington administra el territorio pero no le concede a sus habitantes el mismo trato que a los estadounidenses.

Un 61,15% de los votantes optó por la anexión a EE UU para convertirse en un estado más, mientras que un 33,31% apostó por la figura del Estado Libre Asociado Soberano, con una relación de igual a igual, y tan sólo un 5,53% abogó por la independencia.

El Partido Popular Democrático (PPD), cuyo candidato a gobernador, Alejandro García Padilla, ganó las elecciones generales del martes, había advertido de que la consulta era engañosa porque no incluía entre las opciones posibles el actual Estado Libre Asociado. El derrotado gobernador y promotor de la consulta, el anexionista Luis Fortuño, se negó a introducir esa opción al aducir que carecía de sentido proponer algo que significaba favorecer la perpetuación de la colonia, como es considerado este territorio en la ONU.

A los electores se les preguntó en primer lugar si estaban a favor o en contra de mantener el actual estatus, que permite un alto grado de autonomía pero que deja en manos de Washington asuntos como fronteras, defensa y relaciones internacionales. Esta era la primera vez en la historia que se planteaba esta pregunta y un 53,99% dijo que era contrario al actual estatus, mientras que un 46,01% se pronunció a favor de perpetuarlo.

A continuación, en la misma papeleta, se les pidió que, con independencia de lo que hubieran contestado en la pregunta anterior, eligieran entre la anexión, la independencia o el Estado Libre Asociado Soberano.

Tras su victoria del martes, el electo García Padilla dijo que abordará el asunto, sin dar más pistas, aunque se enfrenta a la disyuntiva de atender el deseo expresado en la consulta por la población y mantener los postulados de su partido, favorable al modelo actual porque considera que ayuda a mantener la "identidad" puertorriqueña.

El resultado de la consulta, sin valor jurídico y convocada de forma unilateral por Fortuño, que aspiraba a la reelección, es un mensaje a Washington en favor de acabar con más de un siglo de régimen colonial.

La victoria del "no" es un triunfo personal para el saliente Fortuño, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación que durante décadas ha abogado por la anexión de la isla a EE UU. Además, el resultado rompe una tendencia al inmovilismo que se remonta a 1967, cuando se consultó por primera vez sobre el asunto y ganó con el 60,4% del voto la opción de Estado Libre Asociado promovida por el PPD, frente al 48,6% que dijo querer incorporarse a Estados Unidos.

Similares consultas, en 1993 y 1998, volvieron a confirmar la tendencia al inmovilismo de los puertorriqueños, que siguieron las tesis del PPD, cuyo fundador, Luis Muñoz Marín, negoció en los años 50 con Washington el presente estatus.

La llegada de millonarias ayudas sociales cada año desde EE UU a una isla cuya renta es la mitad de la del estado más pobre del país del norte y el derecho a portar pasaporte estadounidense han mantenido satisfechos a los puertorriqueños durante décadas, ya que al mismo tiempo mantienen una identidad diferenciadora.

El Ejecutivo debe esperar ahora a conocer cuál es la reacción de Washington al resultado, aunque durante estos últimos cuatro años el Congreso estadounidense ha ignorado las reclamaciones anexionistas del Gobierno de San Juan.

En marzo de 2010 el Grupo de Trabajo del presidente Barack Obama fue la primera delegación estadounidense en trasladarse a Puerto Rico para estudiar una salida a la cuestión de la soberanía.

La Constitución puertorriqueña, aprobada por el Congreso de Washington y en vigor desde el 28 de julio de 1952, se supedita a esa cámara, lo que implica además que las decisiones del Tribunal Supremo local puedan ser recurridas ante la Corte Suprema de EE.UU. La Carta Magna define a la isla como un Estado Libre Asociado, cuyos ciudadanos tienen ciudadanía estadounidense desde 1917 y disfrutan de una autonomía administrativa parecida a la del resto de estados del país norteamericano.

EE UU decide cuáles de sus leyes se aplican en Puerto Rico y cuáles no, y sus residentes no tienen representación con voto en el Congreso estadounidense. Ni siquiera han participado en la reelección de Obama