Los agricultores y ganaderos que participaron este martes en la asamblea convocada por COAG en Lorca para analizar el Real Decreto-Ley de ayudas por los daños producidos por la riada del pasado 28 de septiembre, consideraron que se trata de unas medidas "limitadas", y decidieron esperar "unos días" para emprender acciones de protesta si no es atienden sus peticiones.

En concreto, esperan comprobar "si es posible la adopción de nuevas medidas en el trámite parlamentario del Real Decreto-Ley y de los Presupuestos, para lo cual nos hemos puesto en contacto con los portavoces de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados", según informaron fuentes de COAG en un comunicado.

COAG afirma que ha recibido "con seria preocupación" el reciente acuerdo del Consejo de Ministros según el cual, "en lugar de promulgarse una normativa específica y adaptada a la naturaleza y gravedad de los daños originados en el sector agrario por las lluvias torrenciales, "se ha optado por una modificación del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprobaban determinadas medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales".

Además, COAG critica que, de momento, esta modificación "sólo hace referencia a la ampliación de los acontecimientos catastróficos y zonas geográficas consideradas, pero sin modificar en nada el articulado de esta anterior normativa, cuya interpretación literal podría dejar en la práctica fuera de las ayudas a una inmensa proporción de los agricultores y ganaderos afectados".

Y es que "se supedita a haber tenido suscritos determinados tipos de seguros agrícolas o ganaderos cuya implantación real en la Región, y en especial en la zona afectada, es muy baja ya que hasta la fecha no resultaban adecuados a las necesidades reales del sector", añade COAG.

La organización agraria explica que "este es el caso de los seguros de explotación en ganadería, con implantación casi nula en la Región, o el de los seguros agrícolas para determinados cultivos hortícolas de las zonas afectadas".

COAG no deja de valorar "positivamente" el que esta ampliación del ámbito de aplicación de las ayudas permita abordar de manera inmediata la compensación de daños en pérdidas personales, así como en viviendas y enseres.

No obstante, entiende que "hubiera sido mucho más deseable la promulgación de una normativa específica completa, adaptada en lo posible a las realidades de los sectores afectados, que incluyera fórmulas que permitieran que los agricultores y ganaderos afectados pudieran ver compensadas, al menos en una parte, los graves daños sufridos".

Por otra parte, en la normativa cuya aplicación se ha hecho extensiva ahora a los daños por las inundaciones pasadas, COAG añade que "ni siquiera se contemplan otras medidas de ayuda que sí han sido habituales en otros Reales Decretos promulgados anteriormente frente a otros acontecimientos catastróficos, como puede ser el establecimiento de préstamos bonificados por el ICO o determinados beneficios fiscales para aquellos profesionales agrarios que no se encuentren en el sistema fiscal de módulos".

"Tampoco se contempla la exención de pago, durante un determinado período acorde con la magnitud de los daños sufridos, de las cuotas a la seguridad social, ya que la normativa actual sólo contempla una moratoria de un año para tres meses de cotización", asevera la organización agraria.

En todo caso, COAG mantiene su reivindicación de "unas líneas y condiciones de ayudas que verdaderamente sean válidas para el sector", y quiere entender que esta posibilidad "existe", ya que en la "exposición de motivos" del propio Real Decreto 1505/2012, de 2 de noviembre, "se recoge literalmente que las medidas de ayudas se adoptan sin perjuicio de que, en el marco de las disponibilidades presupuestarias, se estudie la posibilidad de adoptar otras medidas específicas que se consideren adecuadas a la especial naturaleza de estos últimos siniestros".