El juicio por la quiebra de la Cooperativa de Monte, que ha arracado este lunes, ha quedado suspendido hasta mañana, martes, para que la Sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial analice la legitimidad de dicha sociedad para ejercer acciones civiles y penales tras haber vendido sus activos.

Ha sido el abogado del principal acusado, el que fue consejero delegado de la Cooperativa de Monte desde 1985, José Ramón G.F., el que ha planteado esta cuestión, defendiendo que esta sociedad carece de legitimidad civil y penal para ejercer de acusación particular dado que vendió sus activos el 13 de febrero de 2008 al Banco Santander y, ese mismo día, fueron, a su vez, adquiridos por la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP) Cantabria por 8,4 millones de euros.

Según ha planteado, debería de ser CEP Cantabria quien lo reclame al ser el titular de los activos de la Cooperativa.

El abogado de José Ramón G.F. ha defendido que CEP Cantabria "conocía la querella" que había interpuesta cuando compró los activos y, por ello, considera que si no comparece en esta causa como acusación es "porque no ha querido".

Para sostener su argumentación, el abogado ha presentado, para que se sume a la documentación que ya existe en el proceso, uno de los escritos de compraventa del 13 de febrero, que no había sido incorporado hasta ahora. El otro ya constaba.

Además, la dedensa ha recordado que CEP Cantabria sí ha ejercido acciones civiles contra otros miembros de la misma cooperativa.

Ante este planteamiento, el presidente de la Sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha considerado "importante" aclarar si la Cooperativa tiene legitimidad o no pues es uno de los integrantes de la acusación particular, junto con la que ejercer otros miembros de dicha sociedad a título particular.

Rechazo de la acusación y el ministerio fiscal

Por su parte, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han rechazado el argumento de falta de legitimidad de la Cooperativa para personarse esgrimido por la defensa.

La abogada que representa a la Cooperativa ha considerado que el argumento de la defensa no debe de ser estimado, ni por el momento en que lo ha planteado, ni por su motivación y su fondo.

En este sentido, ha mantenido que se trata de un argumento "extemporáneo" ya que, según ha expuesto, hasta el inicio del juicio la defensa no ha presentado, en la fase de diligencias, "ni un sólo escrito" cuestionando la legitimidad de la Cooperativa.

Para la representante de la Cooperativa la defensa sólo pretende dilatar la celebración del juicio.

Sin embargo, la abogada ha anunciado que, si se considera que la Cooperativa no goza de legitimidad para ejercer de acusación particular, sería sustituida por el CEP y ha asegurado tener un "poder" para representar a la Coordinadora en el proceso.

Delitos prescritos

Por otra parte, durante la fase de cuestiones previas al inicio de la vista, el Ministerio Fiscal ha añadido una nueva pena en la que solicita que José Ramón G.F y Manuel A.R indemnicen, conjunta y solidariamente, a la Sociedad Cooperativa del Campo y Sección de Crédito de Monte en 763.000 euros.

También en la fase de cuestiones previas, el abogado defensor de Manuel A.R. ha considerado prescritos los delitos que se le imputan, algo que ni la defensa ni el Ministerio Fiscal aceptan ya que consideran que se trata de un "delito continuado".

Se retoma este martes

En este juicio, que se retomará este martes, a partir de las 10.00 horas, al principal acusado se le imputa pagar, con cargo a la cuenta que ésta tenía en el BBVA, facturas y recibos de clientes a sabiendas de que en las cuentas que éstos tenían en la Cooperativa no había saldo.

Además, se le acusa de ocultar esta situación, falseando las cifras que presentaba al Consejo Rector. En concreto, en 2004 presentó un balance de tesorería de 10,7 millones de euros, cuando realmente había 5 millones, y en la partida de deudores hizo constar 5 millones de euros cuando la cifra real ascendía a 8,8 millones.

También se sentarán en el banquillo otros seis acusados que eran clientes de la Cooperativa y que, pese a no tener saldo en sus cuentas, recibieron 13,8 millones de euros de la entidad.

El Ministerio Fiscal imputa al consejero delegado de la Cooperativa de Monte un delito de apropiación indebida y dos delitos societarios -por falsear las cuentas y por disponer de los bienes de la sociedad-, por lo que solicita una condena de 13 años de cárcel y 14.400 euros de multa.

Al resto de los acusados el Ministerio Público imputa un delito de apropiación indebida y las condenas son de siete años de prisión y 7.800 euros de multa para el cliente de la Cooperativa que presuntamente se apropió de 11 millones de euros, y seis años de cárcel y 7.200 euros de multa para los otros cinco imputados.

Los siete imputados en la causa penal que se abrió por la quiebra de la Cooperativa de Monte y está previsto que el juicio se celebre, en principio, en 14 sesiones que se prolongarían hasta el 27 de noviembre, si bien no se descarta un acuerdo entre las partes.

Son seis las acusaciones particulares y 35 los testigos llamados a declarar ante el tribunal.