El alcalde de Otura (Granada), el 'popular' Pedro Cabanillas, se enfrenta a un nuevo juicio junto a su antecesor en el cargo, Ignacio Fernández-Sanz, y a otros seis acusados más, por un supuesto delito de prevaricación administrativa en la compra de un solar a 300.000 euros para ampliar el Ayuntamiento del municipio cuando varios informes de los técnicos lo tasaban por la mitad de precio.

La operación, que se remonta al mes de septiembre de 2007, fue aprobada siendo regidor Fernández-Sanz, que dimitió recientemente tras la denuncia que interpuso su equipo de gobierno por supuestas irregularidades en las facturas presentadas para el pago a proveedores.

Los ocho procesados, entre los que también se encuentran los ediles Ignacio Pérez Cabrera y María Dolores Dobaño, se enfrentan a una petición de la Fiscalía de ocho años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, que comprende la privación del cargo de alcalde y de concejal, según consta en el auto de apertura de juicio oral del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe de fecha 10 de octubre.

Además, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita para los ocho inculpados —el exalcalde como autor del delito y el resto como cooperadores necesarios— la indemnización conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Otura de 129.807,91 euros, que es el resultante de la diferencia entre el valor del mercado del solar, y el precio final de adquisición (348.000 euros). Además, según el fiscal, "procede declarar la nulidad" del pleno municipal del 28 de septiembre de 2007 en el que el equipo de gobierno aprobó el expediente para la adquisición del solar.

A esta últimas peticiones también se suma el PSOE, personado como acusación en el proceso, en el que eleva a diez años su solicitud de inhabilitación al exalcalde, y mantiene la de ocho para el resto.

En coherencia con la responsabilidad civil solicitada por las partes, el Juzgado ha exigido a los ocho acusados una fianza conjunta y solidaria de 130.000 euros, que es la cantidad probable de la indemnización más las costas y los gastos del proceso. El órgano competente para el enjuiciamiento del caso será un Juzgado de lo Penal, según la magistrada instructora del caso, Gema Quintanilla Navarro.

Además, el recién nombrado alcalde de Otura tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por otro procedimiento que se aprobó siendo primer edil Fernández-Sanz, concretamente por la concesión de unas licencias para una urbanización que aún no había sido terminada ni recepcionada, en contra del criterio de los técnicos.

La Fiscalía Provincial pide para Cabanillas, por posible prevaricación ordinaria y urbanística, dos años de cárcel y 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, unas penas que el Ministerio Público también solicita para los concejales Ignacio Pérez y María Dolores Dobaño, que suscribieron como miembros de la Junta de Gobierno local la operación. El fiscal eleva además las penas para al exalcalde del municipio y actual edil del PP Ignacio Fernández-Sanz al que acusa además de un tercer delito de prevaricación ordinaria continuada, por lo que se enfrenta a 28 años de inhabilitación y dos años de prisión.

Los hechos se remontan al pasado 23 de julio de 2007, cuando Fernández-Sanz y el resto de miembros de la Junta de Gobierno local —entre ellos el que ahora es alcalde— adoptaron "unánimemente" un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización en el Plan Parcial Sector 5 de desarrollo de las Normas Subsidiarias, "conscientes, no obstante, de que este proceder era contrario" a la normativa urbanística vigente, puesto que se prohíbe expresamente que se otorgue "sin la previa finalización de las obras", según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.