El magistrado Vicente Ríos, que instruye el denominado 'caso Emarsa' en el que se investiga un agujero de más de 25 millones de euros en la depuradora de Pinedo (Valencia), ha dictado una providencia en la que pide a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente de la empresa, Esteban Cuesta, que señale bienes de su propiedad que sean suficientes para cubrir la cantidad que le ha fijado en concepto de responsabilidades pecunarias, tras no haber prestado la fianza requerida.

Así consta en una providencia de fecha de este lunes, en la que se le advierte de que si en el plazo de una audiencia no señala los bienes solicitados o los que indique sean insuficientes, se le embargarán los bienes que pertenezcan a la entidad responsable civil, de acuerdo con lo establecido en la ley.

El magistrado ha imputado este mes a José Ramón Cuesta y le ha citado a declarar para el 21 de noviembre a las 9.30 horas. A principios de octubre, el juzgado amplió la imputación contra el exgerente de Emarsa por un supuesto delito de cohecho pasivo, al estimar que contrató a tres empresas que pagaron a la mercantil de su hermano —imputado por el mismo delito— por trabajos que no se realizaron. De hecho, el propio Esteban Cuesta está citado de nuevo a declarar en calidad de imputado el 27 de noviembre.

Agendas de crespo

En otra providencia de la misma fecha, el juez acuerda unir a la causa un escrito presentado por el Ayuntamiento de Manises (Valencia), en el que informa de las personas que ejercieron las funciones de secretaría y tenían a su cargo la agenda de Enrique Crespo, antiguo presidente de Emarsa y también exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises, Enrique Crespo. Ambas han sido requeridas para que aporten las agendas de alcaldía que posteriormente serán remitidas al juzgado.

El magistrado había acordado el 18 de octubre, a causa de las "dudas que se suscitan en relación a la asistencia a las reuniones de las comisiones de seguimiento por parte de Enrique Crespo e, incluso, sobre la existencia de dichas reuniones", librar un oficio al Ayuntamiento de Manises y a la Diputación de Valencia para que se identificara a las personas que tenían a su cargo la agenda del exalto cargo para verificar datos sobre los encuentros y actos protocolarios.