El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha defendido este lunes el sistema autonómico español, para remarcar que "no se le puede atribuir" ser responsable de la crisis económica, "como pretenden algunos", sino que "ha sido francamente beneficioso" para el país, aunque "ha podido haber problemas de gestión".

García Vicente se ha manifestado así en declaraciones a Europa Press, antes de pronunciar la conferencia 'Aragón, hoy', que ha clausurado las jornadas 'Más Autonomía para seguir creciendo', organizadas en Ibercaja Patio de la Infanta de Zaragoza por la Asociación por la Defensa de Aragón (PRODEAR).

El Justicia de Aragón ha realizado un balance "muy positivo" del sistema autonómico, que en Aragón ha permitido "duplicar" su Producto Interior Bruto (PIB), estar por encima de la media en la renta per capita y mejorar "mucho" la renta personal.

"Estamos mucho mejor de lo que estábamos, más orgullosos de lo que somos y tenemos una Administración más cercana, que nos permite que atienda mejor las necesidades", para afirmar que los aragoneses "tenemos que estar orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos".

En este sentido, ha incidido en que "el autogobierno y el respeto a las señas de identidad es una forma de actuar positiva" y "mejora como hemos vivido y como vivimos".

Sistema estable de financiación

El Justicia de Aragón ha comentado, respecto a los aspectos que se pueden mejorar del sistema autonómico, que "deberíamos pedir lo mismo que los demás" puesto que "no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie".

En esta línea, ha sostenido que "si otros tienen acuerdos o convenios, nosotros deberíamos tener los mismos acuerdos o convenios y, si no, establecer las reglas claras de financiación", con un "sistema estable", de forma que esta "no dependa de las mayorías que hay en cada momento" en el Parlamento de España, algo que puede llevar a que a algunas Comunidades autónomas "les toque más, a costa de otros".

Según ha puntualizado, en materia de infraestructuras, el actual sistema de elección de los diputados en el Congreso, "no nos beneficia porque en la media en que hagan falta los votos de minorías catalanas o vascas, hace que haya determinadas infraestructuras que estén paralizadas o que tengan muchas dificultades, como la N-232, la N-II y la Travesía Central por el Pirineo".

A su entender, "hay Comunidades autónomas por las que pasan estas infraestructuras que tienen intereses en que no se hagan". Otra cuestión que se podría mejorar es el hecho de que "detrás de determinados cargos públicos que son muy visibles haya una pequeña corte de secretarias y asesores políticos, con eso hay que tener cuidado".

No obstante, ha estimado que "no hay demasiados cargos políticos" ya que "la mayoría son concejales, que hacen una labor impagable". Sobre los funcionarios, ha recalcado que "si hay exceso, será en todos los sitios" y "la culpa no se debe a que haya un sistema autonómico", para indicar que "cuando se puso en marcha el sistema, en Madrid se quedaron los mismos" funcionarios, en vez de disminuir.

El Justicia sí ha opinado que "hay que ser más rigurosos con los procedimientos de selección" en el acceso a la Función Pública y también ha abogado por "reforzar" los sistemas de control de las cuentas públicas.

"Creo que han fallado a nivel general" y ha propuesto potenciar "el papel de los secretarios, interventores y tribunales de cuentas" ya que de haber tenido mayor presencia "hay cosas que han pasado que no hubiera pasado", ha esgrimido García Vicente.

Igualmente, ha reivindicado "estar en contra de la corrupción y predicar valores positivos, como el esfuerzo, el valor de llegar a acuerdos, de hacer que las cosas mejoren con el esfuerzo y el trabajo de todos".

Independencia de cataluña

El Justicia de Aragón ha comentado que la petición de independencia de Cataluña "es un debate electoral" y, por eso, "hay que esperar a ver si, pasadas las elecciones" autonómicas catalanas "esta situación continua o no".

En caso de que sí continúe, ha indicado que "no se puede estar al margen de la legalidad" y ha recordado que ponerlo en marcha "supondría hacer un cambio de la Constitución española, lo cual implicaría hacer un referéndum general, disolver las Cortes y un nuevo gobierno; es un procedimiento muy complejo".

Además, ha argumentado que la Unión Europea "tiene que mandar un mensaje muy claro" y "decir si el que se va, tiene la posibilidad de volver o no".

En esta línea, ha recordado que en Escocia se llegado a un acuerdo para que dentro de dos años haga un referedum con pregunta única, sí o no la independencia, en el que debe participar el 70 por ciento de la población, haber una mayoría de dos tercios y que, una vez que se plantee, en 25 años no se vuelva a proponer.

Así, "si hay derecho a la autodeterminación, a lo mejor tiene que ser con unas condiciones tan claras como en Gran Bretaña, que algunos lo ponen de ejemplo para unas cosas y no para otras".