El portavoz del PP en la provincia de Granada, José Torrente, ha apostado este lunes por una "mayor flexibilidad y sensibilización" con los afectados por los impagos de las hipotecas, después de que el pasado jueves un comerciante del barrio granadino de La Chana decidiera quitarse la vida antes de que se hiciera efectiva la orden judicial que le obligaba a abandonar su vivienda y su negocio por la deuda que mantenía con Caja Rural.

En rueda de prensa, Torrente ha señalado que el PP de Granada ve "con buenos ojos" la necesidad de crear una comisión provincial constituida por entidades financieras, consumidores, administraciones, colegio de abogados, y registradores de la propiedad con facultades para atender los problemas de manera particularizada.

Además, ha destacado que "el PP no puede permanecer aislado de la realidad y por ello tenemos que escuchar a la gente, analizando sus problemas con la finalidad de intentar solucionar los numerosos casos de desahucios que existen en Granada".

"Hay que llevar a cabo reformas en el ámbito hipotecario con unas decisiones que acerquen más el corazón y la humanidad a las familias afectadas por esta grave situación social y económica", ha dicho Torrente, que ha indicado que en ese sentido está trabajando la Diputación de Granada, que además de poner a disposición de las familias más humildes y con menor renta 549 viviendas a través de Visogsa, "está atendiendo el mayor número posible de casos de desahucios a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, pionera a nivel estatal y cuyo objetivo principal es solucionar los problemas hipotecarios de las familias".

"Con la puesta en funcionamiento de esta oficina el PP demuestra su gran sensibilización con este problema en colaboración con el Colegio de Abogados, para que de manera particular, cada familia tenga un asesor que le guíe hacia la resolución de su problema", ha enfatizado José Torrente.

Según ha informado, la Oficina de Intermediación Hipotecaria ha tramitado en tan sólo seis meses 180 expedientes, 420 llamadas telefónicas y más de 142 visitas presenciales. Además se han extendido sus funciones hasta los ayuntamientos de Motril, Almuñécar, Salobreña, Loja, Armilla y Alhama de Granada.

A juicio de Torrente, "el fin de esta oficina es que no se tenga que llegar a situaciones extremas como el desahucio, con medidas como pueden ser la ampliación de los plazos de la hipoteca o una rebaja de intereses, ya que ni la familia quiere dejar su casa ni el banco quiere que eso ocurra, el banco quiere recuperar la deuda contraída con la familia".

"Por ello, ahora más que nunca, los políticos tenemos la obligación de escuchar a la gente y estar cerca de las personas ofreciéndoles el mayor amparo posible dentro del marco de la legalidad. Lo que le preocupa a los ciudadanos debe ser el objetivo de la política, sin tirarnos los trastos entre unos políticos y otros y ofreciendo soluciones a los ciudadanos justas y duraderas. Por ello el mejor remedio para esto es la creación del empleo ya que a esta situación se ha llegado principalmente por la pérdida de numerosos puestos de trabajo en nuestra sociedad", ha sostenido.

José Torrente ha reseñado que el PP apoya y suscribe las palabras del magistrado granadino Francisco Sánchez Gálvez que afirma que "hay que profundizar el código de las buenas prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantías hipotecarias. Es necesario legislar teniendo en cuenta que las familias están por encima de una mera cuestión jurídica". Debido a esto, todos los representantes del PP desde las diferentes instituciones "vamos a hacer todo lo posible para avanzar en la necesidad de que la familia debe ser el horizonte que mueva nuestras reformas".

Por último, Torrente ha señalado que el PP de Granada está de acuerdo con la postura planteada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, sobre la revisión del Decreto Ley que regula los desahucios.

Debido a esto, el PP ha visto la necesidad de crear una comisión provincial constituida por entidades financieras, consumidores, administraciones, colegio de abogados, registradores de la propiedad, para que se atiendan los problemas de manera particular y desde la experiencia, estudiando y analizando todo el drama social y su entorno.

Para José Torrente, "habría que llevar a cabo un estudio sobre la reducción de intereses, de reducción de la deuda, de la dación en pago, pero con la prioridad de permanencia en la vivienda durante un tiempo a cambio de una renta asequible pero que no conlleve el desahucio. Solo así podremos trabajar por una sociedad mejor y en beneficio de los más desfavorecidos, intentando paliar este drama que asola hoy en día a miles de españoles y granadinos".