El Gobierno catalán ha dado a conocer este martes un estudio que denuncia que el Estado reduce a la Generalitat a una "mera gestoría administrativa" por su "reiterada invasión competencial", que va a más, y sus "múltiples duplicidades" que generan "inseguridad jurídica" para la actividad económica.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha explicado que el informe ha sido elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) de la Generalitat, y que en él se evidencia que el Estado "se mete allí donde no le toca" con "duplicidades absurdas" en la práctica totalidad de las competencias catalanas, tanto en el ámbito normativo como administrativo. Homs ha puesto varios ejemplos en las áreas del comercio o el turismo, en las que el Gobierno español destina recursos y personal y, además, aprueba normativas cuando son competencias "exclusivas" de la Generalitat reconocidas en el Estatuto.

En materia de turismo, por ejemplo, Homs ha precisado que el Estado destina "5.084 funcionarios y cerca de mil millones de euros" (991.173 millones) cuando, a su juicio, "no tiene competencias y no le toca... y luego habla de lealtad institucional". "La conclusión -ha indicado- es que el Estado no ha parado de dictar normas en casi todas las materias en las cuales la Generalitat tiene competencia" y la duplicidad "genera contradicciones", que acaban pagando los comercios y las empresas.

De hecho, ha indicado, "uno de los grandes problemas que tiene España es la gran inseguridad jurídica que hay debido al lío normativo que generan las duplicidades provocadas por un Estado que se mete donde no le toca". "España no es Uganda, es cierto, -ha afirmado- pero en algunos informes de organismos internacionales, como un ránking del FMI, la sitúan en el mismo nivel, por lo que respecta a burocracia administrativa que hay que superar cuando se crea una empresa".

Según el Govern, "la invasión competencial supone que el Estado mantenga unos importantes aparatos administrativos, y crea organismos 'ad hoc'", mientras que la Generalitat acaba teniendo "una autonomía de baja calidad, más próxima a una simple autonomía administrativa que no política y legislativa".

En respuesta al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha arremetido contra los proyectos soberanistas que levantan "banderas" y crean "inestabilidad", el portavoz del Govern ha dicho que "si hay una bandera que levantamos es la que nos sirve para constatar que desde el Estado se crean duplicidades administrativas", y "esto sí que crea falta de confianza".

"Una de dos, -ha advertido- o se toman en serio que hay varios Parlamentos que legislan sobre unas competencias que tienen y asumen este modelo autonómico, o que lo liquiden, pero lo que no pueden hacer es ignorar que existen y aprobar normas contradictorias". Frente a esta situación, ha añadido, la Generalitat seguirá recurriendo ante el TC, "pero es evidente que las cosas habrá que ir situándolas en el terreno de lo aprobado por el Parlament", a fin de "avanzar hacia un Estado propio, aunque esto es una decisión que no le corresponde adoptar al gobierno catalán actual".

En todo caso, el Govern ha decidido interponer un requerimiento al Estado por invasión de competencias en materia de cultura, y en concreto, contra la resolución que fija las bases de concesión "de ayudas a las corporaciones locales para actividades que fomenten la comunicación cultural".