El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha remitido a agentes de la Unidad adscrita de Policía Judicial una nueva remesa de quejas y escritos sobre las operaciones de participaciones preferentes "de dudosa legalidad" para ser objeto de investigación.

Según informa la oficina del Defensor, estas quejas, más de 50 peticiones, se suman a otras precedentes que ya fueron canalizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz ante la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y son fruto del acuerdo de dar traslado de las quejas o escritos que se fueron recibiendo sobre operaciones de participaciones preferentes de dudosa legalidad, por lo que la Policía Judicial han recibido del Defensor una remesa de quejas para que sean investigadas, al igual que quejas precedentes.

El pasado 13 de agosto, Chamizo registró en la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a las llamadas participaciones preferentes y ha confiado en que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades porque en muchos de estos casos se sospecha que hay un "delito".

En Andalucía se calcula que son unas 67.000 las personas afectadas por este asunto, con un capital inmovilizado de "cientos de millones" de euros, según señalaba entonces Chamizo, quien precisaba que en el caso de estos 300 expedientes la media de inversión se encuentra entre los 6.000 y los 10.000 euros.

El Defensor del Pueblo Andaluz explicaba además que existen tres grandes bloques de reclamaciones: las que corresponden a aquellas personas habituadas a hacer inversiones —y que no se prevé que prosperen—; las de personas que no tienen el perfil de inversor que exige la normativa y a las que se dijo que podrían acceder a su dinero cuando quisieran y un tercer grupo de reclamaciones donde previsiblemente sí ha existido delito.

Se trata de discapacitados; menores; personas mayores que han firmado con el dedo o que se han fiado de la persona que siempre les atendía en el banco, según ha precisado Chamizo, quien asegura que los bancos sí "se están dando prisa" para resolver estos casos mediante acuerdos por los que los afectados se comprometen a depositar el dinero a plazo fijo o en los que se les ofrece que se conviertan "en una especie de accionista del banco".

Chamizo además se ha puesto en contacto con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que intervenga ante la Comisión de Valores, que "es quien debe hacer seguimiento de esto" y remitió un escrito con recomendaciones a la Junta de Andalucía, además de ponerse en contacto con directivos de Banca Cívica para hacerles llegar las "quejas e inquietudes" de los clientes afectados.

El Defensor reconoce que "son muchas las quejas que esta Institución viene recibiendo de personas que denuncian la falta de información sufrida y el abuso cometido por sus respectivas entidades financieras, que se habrían aprovechado de su desconocimiento para obtener unos ingresos con promesas de unas ventajas y/o condiciones que finalmente no se han cumplido".

Esta Institución indica que viene atendiendo a diversos colectivos que representan a personas afectadas por este producto financiero que se están asociando en distintos puntos de la geografía andaluza y que igualmente nos trasladan su malestar por el transcurso del tiempo sin que desde las entidades financieras se les ofrezcan soluciones válidas a su problema y sin que las reclamaciones presentadas ante los distintos organismos públicos de supervisión obtengan el resultado esperado.