El Ayuntamiento de Murcia prevé recaudar alrededor de 300.000 euros con la imposición de nuevas tasas por prestación de servicios administrativos y los nuevos precios públicos que se recogen en el proyecto de Ordenanzas Fiscales para el próximo año, aprobado este jueves por la Junta de Gobierno y que ha presentado en rueda de prensa la teniente alcalde de Economía y Hacienda, Isabel Martínez Conesa.

El objetivo, ha dicho, es "repercutir el coste de los servicios a los ciudadanos que directamente se benefician de ellos, que son, en definitiva, los que deben hacer frente en mayor medida, al coste que estos generan".

Entre las nuevas tasas, Conesa ha anunciado la de prestación de servicios sanitarios en aquellos servicios del Consistorio donde actúe Protección Civil.

Al respecto, fuentes del Ayuntamiento han precisado a Europa Press que el cobro de dicha tasa corresponderá a las empresas aseguradoras, en ningún caso a los ciudadanos. Y se hará en caso de que intervenga en alguna contingencia los servicios del Ayuntamiento a través de Protección Civil.

La tasa por la prestación de servicios administrativos para el cobro por el procedimiento de apremio de deudas por otras entidades, la de prestación de servicios de control de matanzas domiciliarias tradicionales y de servicios de sonometría se incluyen también en dicho Proyecto.

En referencia al ruido, ha adelantado que a partir de ahora si la denuncia por exceso de ruido es efectiva "el que genera el ruido la pagará y si no lo es la pagará el denunciante".

Los nuevos precios públicos que se han fijado afectarán a la cesión de servicios adscritos al área de cultura, por prestación del servicio de ayuda a domicilio, por alquiler de la sala de audiovisuales del Centro de La Luz y de la Muralla de Santa Eulalia, por la prestación del servicio de respiro familiar, de teleasistencia domiciliaria y de estancias diurnas.

De esta manera, el gasto municipal ligado a tasas y precios públicos no repercute sobre todos los ciudadanos, vía impuestos, sino que sean los usuarios de los servicios "quienes principalmente asuman su coste y, muy especialmente, cuando se trate de precios públicos y de servicios no esenciales o básicos", dice.

Medidas de apoyo

Para su elaboración, ha explicado que se ha tenido en cuenta a las familias y empresas, incorporando nuevas medidas de apoyo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Para ello, se adecua la domiciliación bancaria como medio de pago, se amplía el importe mínimo para la exigencia de presentación de garantía en caso de solicitud de fraccionamiento (elevándolo de 23.000 a 30.000 euros) y se amplía el Plan Personalizado de Pagos, incluyendo la modalidad mensual, eliminando el mínimo de deuda anual necesario y reduciendo la fracción mínima a 30 euros.

En esta misma línea, se propone en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el de Vehículos de Tracción mecánica ampliar el número de plazos de ingreso en período voluntario en los supuestos de domiciliación bancaria. Hasta cuatro plazos en el primer caso y dos en el segundo.

Se mantienen todas las bonificaciones existentes y se incorporan otras nuevas, entre las que destaca, en la línea de fomento del crecimiento económico del empleo, en la licencia de apertura, cuyo pago diferido ya se introdujo.

"Ahora se avanza en el sentido de que se incluye una bonificación de hasta el 50 por ciento en la tasa de apertura de negocios de comercios minoristas de proximidad", ha subrayado Conesa, quien ha precisado que estas bonificaciones "afectarán a casi 130.000 beneficiarios y representan un importe superior a los 28,7 millones en 2013".

En segundo lugar, se introduce la simplificación administrativa en la gestión de tasas y precios públicos (como en las de entrada de vehículos y de ocupación de la vía pública).

De este modo, se clarifican los criterios de aplicación de los tributos municipales y se incorporan reducciones de tarifas por el uso de las tecnologías de la información.

En los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Vehículos de Tracción Mecánica y sobre el Incremento de valor de los Terrenos de naturaleza Urbana se simplifican los requisitos para acceder a las bonificaciones y exenciones.

Y propone la homogeneización, ajuste y simplificación de tarifas con la actualización y ajustes en las tarifas vigentes al IPC, excepto en el IBI que se ajusta por debajo del IPC.

Asimismo, el ajuste en las tarifas "se ha realizado manteniendo la especial protección a los colectivos más desfavorecidos, de modo que se disminuye la carga fiscal de los discapacitados, jubilados, pensionistas, familias numerosas, menores, entidades sin ánimo de lucro y pymes".

Por ello, Conesa considera que se trata de un presupuesto de ingresos "realista y acorde con la situación económica, que garantiza el máximo nivel en la prestación de los servicios públicos y respalda las políticas de empleo y reactivación económica".

Los ingresos propios "no caen gracias al Plan de Gestión Integral de Ingresos Tributarios", ha indicado la concejal, para después puntualizar que los ingresos totales "caen un 6 por ciento por las caídas en la recaudación de impuestos estatales, como el IRPF".