Un centenar de trabajadores y representantes sindicales de las empresas Celsa Atlantic, Corrugados Azpeitia, Formica, Cementos Lemoa, Alestis y Holtza, todas ellas afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y despidos, se han manifestado este jueves en Vitoria para denunciar la destrucción "indiscriminada" de empleos, y han advertido a los partidos políticos de que "no pueden aspirar" a gobernar en Euskadi "sin ofrecer una salida a los trabajadores".

La movilización ha comenzado con una concentración frente al Parlamento Vasco, desde donde los trabajadores y representantes sindicales se han dirigido a la sede de la patronal alavesa SEA.

Durante la protesta se ha leído un manifiesto que acusa a los propietarios de Celsa Atlantic, Corrugados Azpeitia, Formica, Cementos Lemoa, Alestis y Holtza de "aprovechar" la reforma laboral, que otorga mayor margen de maniobra a las empresas para efectuar despidos y modificar las condiciones laborales de los trabajadores, con el objetivo de "precarizar" la situación de los empleados.

En el documento leído por los manifestantes se denuncian los "despidos y amenazas" con los que los directivos de las empresas están respondiendo a los intentos de los trabajadores por "plantarse" frente a las "imposiciones".

La concentración frente a la Cámara autonómica responde al objetivo de "denunciar ante la clase política" el deterioro social y económico que está generando la reforma laboral impulsada por el Gobierno central.

"carta blanca"

Los participantes en la protesta han denunciado que dicha modificación normativa da "carta blanca" a los empresarios para aplicar Expedientes de Regulación de Empleo de forma "indiscriminada", para despedir "a cientos de trabajadores" y para "bloquear" convenios, dejando a los trabajadores "en la indefensión más absoluta".

Ante esta situación, han reclamado a los partidos políticos el compromiso de "no aplicar" la reforma. "No se puede aspirar a la Lehendakaritza sin ofrecer una salida a los trabajadores", advierte el manifiesto, que pide a los responsables políticos que adopten medidas que garanticen el mantenimiento de los puestos de trabajo.