La Sección Tercera de la Audiencia Provincial juzga este martes a un individuo, M.S.I., administrador único de una empresa de construcción, para quien el fiscal pide cinco años de cárcel por declararse insolvente para no pagar las deudas que había contraído con otra empresa.

Según las conclusiones del Ministerio Fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el procesado encomendó diversos trabajos como subcontratista a otra empresa entre los años 2002 y 2003.

Con arreglo a un plan preconcebido, indica el fiscal, y guiado por ánimo de ilícito beneficio económico, fue aumentando la facturación con dicha empresa, creando una apariencia de seriedad y solvencia, lo que conllevó a que ésta siguiera trabajando para el acusado a crédito y casi de forma exclusiva.

A partir de julio de 2002, comenzó a devolver pagarés y generó un estado de insolvencia total mediante la venta de todo su patrimonio.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de estafa, por el que pide tres años de prisión y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros; y de alzamiento de bienes, por el que solicita dos años de cárcel y multa de 12 meses con cuota diaria de 12 euros.

Asimismo, deberá indemnizar a la empresa estafada en la cantidad de 93.000 euros en concepto de indemnización por los pagarés vencidos y no satisfechos.