La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña ha advertido este lunes de que la Junta de Andalucía mantiene una deuda de 200 millones de euros con empresas y organismos formadores de la región, una cifra que en el caso de la provincia malagueña es de 52 millones.

Oña, quien ha precisado que esa deuda "no afecta sólo a estas empresas, sino también a los ciudadanos, sobre todo a los desempleados", ha incidido en que esta situación se debe a la "insolidaridad" y a la "indiferencia" de la Junta con los andaluces.

Ha señalado en rueda de prensa que de los 200 millones de euros que debe la Junta a empresas, ayuntamientos y organismos en concepto de formación, 64 millones se adeudan desde 2006 y más de 134 eran los que tenía comprometidos el Gobierno andaluz para 2012, una cifra que "nunca ha llegado".

En este sentido, la parlamentaria 'popular' ha precisado que con esta cantidad "se podrían haber impartido 3.700 cursos que tenían que haber terminado en septiembre de 2012".

Oña, que, junto con la vicesecretaria de Acción Política del PP malagueño, Antonia Ruiz, se ha reunido con representantes del sector, ha indicado que de los 52 millones que el Gobierno andaluz adeuda en la provincia malagueña, 12 millones son de cursos ejecutados desde 2008, que "nunca se han pagado", y otros 40 millones es lo comprometido en 2012.

"Con esta cifra —ha continuado— se podían haber impartido 493 cursos y sólo se han ejecutado 48, es decir, únicamente el nueve por ciento de los comprometidos", ha subrayado la parlamentaria 'popular'.

Ha añadido que "por si fuera poco, hay paralizados 40 talleres de empleo, 27 escuelas taller y dos casas de oficio a desarrollar por los ayuntamientos, que servirían para formar a 2.300 malagueños, que, por tanto, se van a quedar sin recibir esa formación". "Aunque existen cursos en ejecución en estos momentos, no significa que se hayan cobrado", ha aclarado.

La representante 'popular' ha incidido en que estos impagos "pueden provocar el cierre del 80 por ciento de las empresas". Es más, ha informado de que el 30 por ciento de estas sociedades ya se han visto obligadas a cerrar como consecuencia de "la insostenible deuda".

"En Málaga existían 400 empresas que generaban 6.000 empleos y formaban a 160.000 alumnos al año; sin embargo, el 30 por ciento ya ha cerrado y ha dejado al 50 por ciento de los trabajadores en la calle", ha manifestado.

Oña ha resaltado que "los cursos se conceden y los fondos no llegan nunca" y ha mostrado su apoyo a empresas, ayuntamientos y organismos que "sufren la sequía a la que la Junta de Andalucía los somete".

Al respecto, ha cuestionado "cómo es que el Ejecutivo andaluz no paga estas deudas, pero, sin embargo, desde 2007 viene destinando 230.000 euros diarios a fondos de cooperación en otros países sin ningún mecanismo de control". "Una vez más la Junta muestra su insolidaridad menospreciando a los andaluces", ha apostillado.

En otro orden de cosas, ha destacado que la Federación Andaluza de Empresas de Formación "piensa que se están desviando fondos a otros menesteres". "La Junta ha estado recibiendo el dinero que le aporta el Estado, incluidos 290 millones en 2012; dinero que no llega a empresas y ayuntamientos", ha concretado, insistiendo en que "si el Gobierno autonómico está desviando estos fondos a otros asuntos, podría ser un acto delictivo".

FINANCIACIÓN

Así, ha instado a la Junta de Andalucía a que "pague, ya que tiene fondos de sobra para liquidar la deuda", y le ha pedido que establezca "su propia línea de financiación para en lugar de deber dinero a las empresas, se lo deba a los bancos". "Que se dejen ya de esta gestión egoísta e ineficaz", ha sentenciado.

Ha recordado también que la Junta dejó de ejecutar en 2010 y 2011 un total de 1.052 millones de euros en políticas activas de empleo —431 y 621 millones de euros, respectivamente— y, por tanto, "no se puede culpar al Gobierno de Mariano Rajoy de todos los males", en tanto que "en esos años el Ejecutivo era el socialista".

Por último, la vicesecretaria de Acción Política del PP malagueño ha destacado que la Junta "es la que tiene la respuesta a estos impagos, que nada tienen que ver con las medidas del Gobierno central", y ha exigido que "no se culpe al Ejecutivo de Rajoy de la destrucción de empleo y de los cierres de empresas que está provocando la gestión de la Junta".