La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha advertido este jueves de que la moratoria a las energías renovables aprobada por el Gobierno central el pasado mes de enero mediante Real Decreto no supone "riesgo" de que las empresas "se retiren masivamente" ni tiene como objeto la "criminalización" de este tipo de energías.

Durante un debate general solicitado por el PSOE, García de la Calzada ha señalado que la nueva norma "no es discriminatoria ni definitiva" ni pretende "perjudicar" a las energías renovables.

De hecho, de los 500 expedientes que había registrados para instalar parques de renovables en la región "solo se han retirado 26" —el 5,2 por ciento—, dato que no ha considerado "preocupante".

Ha insistido en que la norma "no supone restricción a la libertad de instalación de las distintas energías del país", y que lo que busca es adoptar "medidas urgentes" para la corrección del déficit tarifario que desde el año 2004 se ha generado en el sector eléctrico, que llegó a los 24.000 millones de euros.

A su juicio, este Real Decreto "atiende esa imperiosa necesidad" de impedir que la tasa de acumulación del déficit tarifario con medidas "que abren puertas" y que, ha recalcado, "no van a provocar consecuencias indeseables o definitivas e irreversibles para el desarrollo de las renovables en Castilla-La Mancha".

En este punto, ha animado al PSOE a decir "con números, rigor y seriedad" cuál es su propuesta para "sustituir" esta norma y acabar con ese déficit, y ha subrayado la apuesta del Ejecutivo autonómico por las renovables, teniendo en cuenta que el 97 por ciento de la demanda eléctrica de la Comunidad Autónoma se puede producir con ese tipo de energías.

Marta García de la Calzada, dentro de esa apuesta del Ejecutivo, ha avanzado que el nuevo plan energético que, con horizonte 2020, prepara su departamento, se presentará "en el medio plazo" e incluirá las "líneas básicas" de la política energética de la región, que "coincidirá" con la planificación nacional y comunitaria.

"sí criminaliza"

Opinión contraria ha expresado el diputado del PSOE Modesto Belinchón, que ha incidido en que la nueva norma "sí criminaliza" porque solo aplica la moratoria a las renovables "y eso es culparlas del déficit tarifario", y afectará especialmente a la realidad de Castilla-La Mancha, cuyo sector fotovoltaico "se nutre" de pequeños productores.

Ha precisado que más de 40 entidades promotoras e incentivadoras de energías renovables se han adherido al manifiesto contra la moratoria porque "frena las inversiones" y ha pedido al Gobierno que, si no le gustaba el anterior decreto, "haga otro", a fin de facilitar que los promotores de energía "vengan a Castilla-La Mancha a invertir, crear empleo y seguir propiciando y consolidando una posición de referencia".

Belinchón ha asegurado que la situación de la región "requiere que todos trabajemos juntos" y para ello hay un "horizonte viable y posible", pero para ello hay que "exigir" que a la región se le deje "facilitar los potenciales que en el ámbito de las energías limpias tenemos".

"Todos tenemos que estar en la solución", ha reconocido.

Silicio solar

El diputado del PSOE ha aprovechado su intervención para vincular el asunto objeto de debate con el cierre de la empresa Silicio Solar anunciado este jueves, considerando que esa noticia era la "crónica de una muerte anunciada".

La consejera, en su última intervención, ha lamentado "profundamente" cualquier Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se produce en la región, pero ha recordado que Silicio Solar ya presentó un primer ERE el 13 de julio de 2011 y un segundo a principios de 2012, antes de que se aprobase este Real Decreto.

Gasto en publicidad

Desde el PP, el diputado José Luis Teruel ha criticado el modelo energético de los socialistas castellano-manchegos, que "gastaban cuatro veces más en publicidad que lo que gastaban en energías renovables" y "primero subvencionaban una actividad y luego les imponían un canon".

Canon, ha especificado, que no se utilizaba para "compensar" a los municipios afectados por la implantación de parques o la reposición del medio ambiente "sino para pagar la fiesta de José María Barreda y el PSOE de Castilla-La Mancha".

Frente a ello, Teruel ha defendido el Real Decreto del Gobierno central, porque no afecta a las instalaciones ya existentes y su repercusión "es mínima", y ha avanzado que el Gobierno regional "mejorará el modelo socialista".

"La apuesta del Gobierno regional y nacional sigue siendo por un mix equilibrado, donde las renovables tengan un peso importante", ha indicado el diputado del PP.

RESOLUCIONES

El debate de este punto se ha cerrado con la aprobación de una resolución del PP, con los votos en contra del PSOE, que apoya la política del Gobierno de España para promover un marco regulatorio que facilite la reducción de costes y la eliminación del déficit tarifario, e insta al Ejecutivo central a promover el desarrollo de una política energética a que apueste por un mix energético "sostenible, diversificado".

El PSOE ha visto rechazada su propuesta de resolución al debate, debido a los votos de la mayoría 'popular', en la que instaba al Gobierno regional a exigir al de España a que revoque el Real Decreto y a establecer un compromiso con los productores de energías renovables vía presupuestos regionales.