El sindicato ANPE ha afirmado este viernes que STEC, CCOO y UGT "tienen especial interés por anunciar a bombo y platillo" su rechazo al concierto del Colegio Torrevelo-Peñalabra, "quizás para ocultar su apoyo manifiesto y descarado a los conciertos de otros centros educativos", y ha opinado que "defender simultáneamente la enseñanza pública y la concertada es engañar a los trabajadores de ambos sectores".

ANPE subraya en un comunicado que es la única organización sindical del ámbito educativo de Cantabria que sólo tiene presencia en la educación pública, y puntualiza que no sólo está en contra del concierto al Torrevelo, sino que defiende la anulación de todos los conciertos educativos de aquellos centros que "incumplen descaradamente" la normativa vigente sobre la concesión de los mismos.

"Creemos firmemente que no es posible defender a la vez la educación pública y mantener la defensa generalizada de los conciertos educativos, con una sola excepción, como hacen algunos sindicatos de los arriba mencionados", afirma ANPE.

El sindicato explica que cuando se desató la polémica por la "incomprensible" decisión del actual consejero de dar el concierto al colegio Torrevelo-Peñalabra, planteó a la Junta de Personal Docente de Cantabria exigir a la Consejería la anulación de todos los conciertos educativos de aquellos centros en los que no se respete la normativa vigente sobre la concesión de los mismos.

Según señala, los sindicatos antes mencionados se negaron a apoyar esta petición y se centraron única y exclusivamente en el recurso al colegio Torrevelo-Peñalabra.

ANPE considera que hay algunos centros privados concertados que ayudan a conseguir el objetivo de una educación pública, universal y gratuita, y que por tanto pueden ser un complemento o una solución temporal a la red de centros públicos de Cantabria, "siempre y cuando estos centros cumplan con los requisitos de admisión de alumnado y gratuidad que tienen que cumplir los centros públicos".

Sin embargo, "estamos totalmente en contra", explica, de la concesión de conciertos generalizados a centros educativos que disfrutan de esta subvención pero "incumplen claramente" sus obligaciones al negar el acceso a determinados colectivos sociales desfavorecidos y exigiendo a los padres de los alumnos aportaciones económicas "voluntarias", contrarias a la ley.