El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), ha anunciado que dentro de las medidas promovidas para combatir el fenómeno de los aparcacoches ilegales, popularmente conocidos como 'gorrillas', acaba de poner en marcha un "protocolo específico" destinado, entre otros aspectos, a "garantizar la identificación del individuo infractor", averiguar su procedencia y lugar residencia y poner a disposición de la Policía Nacional a aquellas personas extranjeras y extracomunitarias sorprendidas en esta práctica y cuya situación en España no cuente con la correspondiente regularización.

Según los datos aportados a Europa Press por el Ayuntamiento, desde el comienzo del vigente mandato en junio de 2011 hasta finales de septiembre del año en curso, la Agencia Tributaria ha tramitado ya 1.894 expedientes merced a las sanciones impuestas por agentes de la Policía Local a diferentes personas a cuenta de esta práctica penalizada por la ordenanza para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos . Un total de 58 de estos expedientes han finalizado con el pago de la multa en cuestión y el resto está en diferente fase administrativa, por lo que a razón de aproximadamente 30 euros por sanción, el Consistorio habría recaudado unos 1.740 euros.

Tras el periodo de diagnóstico

En este escenario, y tras un periodo de "tres meses de diagnóstico" para configurar "una completa y actualizada base de datos" sobre las zonas afectadas por este fenómeno, los días de actividad, el número de personas que ejercen esta práctica y sus horarios más frecuentes, este jueves se activa un nuevo protocolo que "detalla a los agentes toda la normativa aplicable a personas que estén ejerciendo esta actividad en las calles de Sevilla", en referencia a la ordenanza para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos, el reglamento general de Circulación, que prohíbe a los peatones transitar por lugares no autorizados, y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Asimismo, se refiere también al Código Penal, que recoge delitos contra la seguridad vial, de desobediencia a agentes de la autoridad y de amenazas, tanto graves como leves, coacción, injuria o vejación injusta. Además, este nuevo protocolo señala la necesidad de que el agente tome contacto con el ciudadano afectado "a una distancia prudencial para recabar la información más completa posible relacionada con el hostigamiento, coacción o amenaza y la cantidad entregada o los daños causados si se produjesen". También deberán tratar de comprobar los agentes "la residencia habitual del infractor y la posibilidad de que forme parte de un grupo organizado, caso en el que se realizarán las averiguaciones oportunas para iniciar las actuaciones pertinentes".

Más presencia policial

De igual modo, el plan de actuación prevé el incremento de la presencia policial en aquellas zonas en las que se ha registrado en la fase previa que existe una mayor incidencia de este problema y recoge "un procedimiento detallado de intervención para garantizar la identificación del individuo infractor y cómo actuar en el caso de que sean extranjeros". Para esto se ha establecido un protocolo en colaboración con la brigadas de Extranjería y de Policía Científica, ambas del Cuerpo Nacional de Policía.

Concretamente, si se trata de un ciudadano extracomunitario y está documentado, el Centro de Control de la Policía Local comprobará si su situación en el país es o no regular para, en caso de que no lo sea, ponerlo a disposición de la Policía Nacional para que adopte las medidas que procedan. En el caso de que no sea posible identificar a esa persona por otros medios podría ser trasladado a dependencias de la Brigada Provincial de la Policía Científica para su identificación.

Junto a la policía nacional

Un intendente coordinador velará por la ejecución y grado de cumplimiento de este protocolo, además del tratamiento de la información derivada de cada una de las actuaciones y el diseño de nuevas acciones policiales. Éste trabajará también en coordinación directa con la Unidad de Relaciones Sociales de la Policía Local, que hará llegar la información recogida directamente de los ciudadanos a este respecto sobre problemáticas concretas. Se celebrarán reuniones de seguimiento quincenales.

Por otro lado, los agentes que intervengan en cualquier actuación relacionada con la lucha contra esta actividad ilícita informarán a estas personas de los recursos asistenciales y de carácter social de que dispone el Ayuntamiento de Sevilla y se confeccionará un informe con el perfil social, económico y familiar del infractor para remitirlo a la Unidad de Trabajo Social (UTS) correspondiente.