Los aparatos reconocen los radares instalados y emiten un sonido que avisa al conductor para que reduzca la velocidad, si no quiere ser multado.

Su precio oscila entre los 290 –de los que sólo detectan dónde se ubican los radares fijos, y son legales– y los 2.000 euros del más caro, que es ilegal, porque localiza los dispositivos móviles, o sea, los coches policiales que circulan por las carreteras españolas.

«Algunos logran avisarte de la posición de un radar a una distancia de 100, 200, 300 y hasta 500 metros en el mismo sentido de la marcha», explica Emilio, un mecánico alicantino.

Los detectores pueden ser  portátiles (que se conectan al mechero) y fijos. Los siete talleres de la ciudad consultados por 20 minutos aseguran que la mayoría los instala fijos porque son «más difíciles de detectar».

Según otro taller, «es muy complicado descubrir que llevan antirradares. Los solemos ocultar lo más alto posible y por los conductos ocultos del vehículo».

El Reglamento General de Circulación prohíbe instalar mecanismos que eludan  «la vigilancia de los agentes de tráfico, o que emitan o hagan señales con dicha finalidad, así como la utilización de mecanismos de detección de radar».

Un caso real

José L. circula con un detector. «Fui a un taller y me lo trajeron enseguida. Todos mis amigos tienen uno».

Él ya ha sopesado los riesgos: «Sé que si me pillan me pueden multar con 300 euros y quitarme dos puntos, pero me los quitarían todos si me hace la foto el radar».

La ciudad se arma de radares

La Concejalía de Tráfico está instalando radares fijos y cámaras de vigilancia del tráfico en numerosos puntos de la ciudad. El objetivo es evitar que se conduzca muy por encima de lo que establece la ley. Algunos, además de verse, tienen ya la indicación para avisar al conductor. El objetivo, según fuentes policiales, no es recaudar dinero «porque si no, los esconderíamos», sino prevenir. En la Rambla, en el centro, en varios tramos de la Gran Vía y en la carretera que conduce a la Universidad ya están instalados.