El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación de Bizkaia ha revocado el Número de Identificación Fiscal (NIF) a otras ocho empresas tras comprobar su participación en tramas de fraude fiscal, así como otro tipo de irregularidades "importantes" como encontrarse en paradero desconocido o no haber realizado ninguna actividad después de haber transcurrido un plazo de tiempo "muy amplio" desde su constitución.

Según ha explicado la Diputación vizcaína, los nombres de las firmas a las que se les ha retirado esta identificación, "imprescindible y obligatoria para realizar cualquier tipo de operación", han sido ya publicados en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB), en función de lo recogido en la nueva medida de lucha contra el fraude emprendida este año por la institución foral.

En el marco de esta medida, el pasado mes de junio se revocó el NIF a Top Gear Motor Sport S.L., dedicada a la compra-venta minorista de vehículos, mientras que en septiembre se impuso la misma media a Logística Alquiler Vicahisa S.L.

En esta ocasión, se ha retirado el NIF a Serlako 2004 SL, relacionada con el sector de la construcción, Negoaventura SL, de actividades inmobiliarias, Europa Directo Motor 2006 SL, de fabricación y comercialización de toda clase de productos de relacionados con vehículos, y EDM Automóviles 10 SL, de importación y exportación de vehículos terrestres y marítimos.

Además, se ha revocado esta documentación a Ingeniería Técnica Norintek SL, de servicios técnicos de ingeniería, American Classic Rent a Car SL, de importación, exportación, reparación y compraventa y alquiler de vehículos de motor, Financial Urdaibai SL, pertenenciente al sector inmobiliario, y Angolan Import-Export, del sector publicitario.

De este modo, desde que la Hacienda Foral vizcaína puso en marcha esta nueva medida de lucha contra el fraude, el pasado mes de junio, son ya diez empresas a las que se les ha retirado el NIF y publicado su revocación en el BOB. La publicación en el BOB es un trámite obligatorio para que todos los operadores jurídicos y económicos tengan conocimiento de que esa entidad no está ya autorizada para realizar ningún tipo de operación.

La Diputación ha recordado que esta iniciativa pretende perseguir a las empresas que estén inmersas en tramas de fraude o que "sean meras pantallas o intermediarias con la finalidad de eludir el pago de impuestos".

También puede ser revocado el NIF por cometer importantes irregularidades como el encontrarse la empresa en paradero desconocido o no haber realizado ninguna actividad después de haber transcurrido un plazo de tiempo "muy amplio" desde su constitución.

El NIF supone el reconocimiento de una empresa de la misma manera que, en palabras de los responsables forales, "el DNI para las personas". La concesión de este documento es "imprescindible" para abrir cuentas bancarias, formalizar contratos y para la realización de cualquier operación en el curso de su actividad económica.

Por tanto, han destacado, "su revocación y publicación en el BOB se convierte en una de las medidas más drásticas para una Administración tributaria en la lucha contra las tramas de fraude fiscal, en la medida en que supone privar a esas entidades de cualquier posibilidad de actuación en el tráfico jurídico y económico, incluyendo la posibilidad de operar con esas cuentas bancarias, que quedarán bloqueadas porque no van a poder recibir más cargos ni abonos".

Según ha explicado el Departamento de Hacienda, este tipo de entidades suelen participar en operaciones intracomunitarias que tienen como finalidad adquirir o importar bienes de alto valor sin pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido o los demás impuestos indirectos que gravan ese tipo de adquisiciones.

Máquinas recreativas

Junto a las revocaciones del NIF, el pasado mes de septiembre la Diputación dio a conocer la regularización efectuada en el sector de máquinas recreativas en Bizkaia, "una labor con la que se ha sacado a la luz una relación de 85 empresas y 42 personas con un montante de 21 millones de euros defraudados".

En el último ejercicio, la Diputación consiguió aflorar una bolsa de 560 millones de euros de fraude, remitió 16 informes de presuntos delitos al Ministerio Fiscal y se intercambiaron con otras administraciones tributarias más de 49 millones de datos de contribuyentes vizcaínos.