El abogado de Daniel C., socio de le empresa Afiador, ha asegurado que todo el proceso de contratación para que la empresa instalase, gestionase y diese contenidos a cuatro pantallas de gran tamaño en la ciudad, fue una "chapuza administrativa de arriba a abajo" aunque no ha visto "delito por ningún lado", mientras que el defensor del otro socio, José O., ha explicado que el contrato firmado fue legal "como otros contratos de servicios".

El juicio, en el que están imputadas siete personas en relación con la instalación abortada en la ciudad de Ourense de cuatro grandes paneles informativos en diferentes lugares, ha quedado visto para sentencia después de que los abogados de los imputados, el Fiscal jefe y la acusación popular, expusiesen sus conclusiones. Así, las defensas han reiterado su petición de absolución para todos ellos, mientras que la acusación pública y la popular han reclamado de penas de cárcel e inhabilitación.

En sus explicaciones finales, la defensa de Daniel C. ha asegurado no imaginarse otra sentencia que la absolución, pues su defendido "y todos los demás imputados" actuaron sin falsear absolutamente nada. En el caso de su defendido, ha precisado, "se limitó a firmar un contrato el día 4 de febrero de 2008 que tenía la fecha equivocada".

Por su parte, el asesor jurídico del Ayuntamiento de Ourense, Luis Tros, ha declarado que nadie le consultó sobre el convenio o contrato que se iba a firmar con la empresa Afiador, mientras que el funcionario imputado Elías D. mantiene que habló con Tros para saber qué forma debería dar al convenio que firmaron los imputados Alexandre Sánchez Vidal y el empresario.

"Tros dijo en el juicio que nadie le preguntó pero no por mala fe, sino porque se equivocó o porque en el momento en que le pidieron asesoramiento no le dio importancia, pero hubo tres ofertas económicas de diferentes empresas y la más favorable fue la de Afiador, así que no veo delito por ninguna parte, sólo una chapuza administrativa de arriba a abajo", ha concluido el abogado.

Procedimiento habitual

Por su parte, el defensor de José O., socio del otro imputado, ha alegado que la firma de contratos como el de los paneles de Ourense es habitual como contrato de servicios en los ayuntamientos y ha recordado la apertura de los agujeros en la ciudad, informada por la Policía Local y que fue el detonante de la denuncia del PP ante la Fiscalía, para explicar que la Ley del Suelo de 2002 recoge la posibilidad jurídica de abrir huecos sin autorización en dominio público.

"Se abrieron y se pararon porque no se hizo defensa pero eso es todo y podemos añadir que éste es un contrato de servicios, sin publicidad y con tres ofertas porque el importe es menor de 30.000 euros, en este caso, el importe es cero", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha explicado que jurídicamente es "incomprensible" que el entonces teniente de alcalde, Alexandre Sánchez, también imputado, firmase el contrato sin comentárselo a nadie, algo que no sucedió, según el letrado. "El funcionario Elías D. preguntó al asesor jurídico Tros para saber cómo debía hacerse el escrito, y a Alexandre le dijeron que lo firmara y que luego le darían forma, así que en algún momento hubo cobertura jurídica", ha indicado.

Ambos letrados y los de los demás imputados han coincidido en descartar la existencia de tráfico de influencias, ni falsedad en documento público, "pues si por una fecha cambiada hablamos de falsedad, todos deberíamos estar en la cárcel", ha resaltado la defensa de uno de los empresarios.

Visto y place

El abogado del que era en 2008 concejal de Infraestructuras y ahora exteniente de alcalde de Ourense, Andrés García Mata, ha centrado su explicación en recordar que el "visto y place" escrito por su defendido sólo tiene el valor de autentificar la firma y de confirmar que el funcionario que expide el documento está en el ejercicio de su cargo "pero no equivale a una autorización", ha agregado.

También ha aludido a García Mata como víctima de la "pena del banquillo" por los costes personales, profesionales y políticos que tuvo su imputación en el juicio que ha terminado este viernes "y esta pena no está regulada pero sí la recoge el Tribunal Constitucional como una pena que comprende diferentes elementos de la fama ajena y pública".

El abogado de los otros imputados ha explicado sus argumentos en contra de los de la Fiscalía, a los que se ha adherido la acusación popular, y en el caso de la defensa de Sánchez Vidal, ha aludido al convenio-contrato firmado por su defendido para definirlo como "acto de trámite" desde el punto de vista jurídico, aunque ha dicho comprender que la empresa defienda que era un "auténtico contrato" pues demandó al Ayuntamiento de Ourense con un contencioso-administrativo para reclamarle 40 millones de euros por incumplimiento.

En este sentido, ha calificado a Sánchez Vidal como "panoli" por firmar el documento, "pero nada más", pues ese papel nunca "ingresó en el tráfico jurídico del ayuntamiento", y ha recordado que la Junta Local de Gobierno nunca le reconoció valor.

FISCALÍA

El Fiscal-jefe, como acusación pública, ha mantenido su consideración de delitos de falsedad continuada en documento público, prevaricación y posibles tráfico de influencias y cohecho y ha aludido a la existencia de un "espíritu prevaricador" en obviar los requerimientos de la contratación pública para poder tomar una "decisión unilateral y arbitraria" de dar a Afiador la concesión de los paneles durante 40 años "de una forma descarada".

Además, ha aludido a jurisprudencia en la que, según ha citado, se considera que el que prevarica también produce un daño inmaterial, el de la "quiebra de la confianza ciudadana en las instituciones porque se convierten e las primeras infractoras con efectos devastadores en su credibilidad ante los ciudadanos".