El pleno de las Cortes de Aragón ha pedido por unanimidad que se firmen "a la mayor brevedad posible" acuerdos entre el Gobierno de España y el de Aragón que garanticen la "aportación necesaria" del Ejecutivo central, tanto para cofinanciar los libros de texto como para atender las necesidades educativas reales de la Comunidad aragonesa.

Este ha sido el único punto aprobado, fruto de una enmienda presentada por el PAR, de una proposición no de ley del PSOE, que también solicitaba "garantizar de manera inmediata" la ayuda para la adquisición de material curricular a todos aquellos alumnos que cumpliendo los requisitos de la convocatoria, se hayan quedado fuera del reparto por falta de disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, pedía modificar la orden de la convocatoria para transformar las medias becas en enteras "puesto que se está viendo en la práctica que no resuelve la situación de las familias que la reciben".

Igualmente, reclamaba recuperar el programa de gratuidad de libros vigente hasta el pasado curso 2011-2012, "fruto de una apuesta del gobierno socialista para garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria a todos los alumnos matriculados en los centros educativos aragoneses en dicha etapa".

La diputada del PSOE, Maite Pérez, ha calificado de "desastre", tanto en la forma como en el fondo, el procedimiento puesto en marcha este año por el Gobierno de Aragón para becar el material curricular, que ha dejado a miles de familias "en situaciones muy difíciles" y "en casi todos los centros hay niños que no tienen libros porque no han podido comprarlos", para defender el anterior sistema por "fomentar la igualdad de oportunidades y la equidad".

Café para todos

La diputada del PP, María José Ferrando, se ha preguntado si el PSOE "prefiere ponerse una venda en lugar de asumir que su política del café para todos es injustificable siempre, pero más en la situación económica actual", para subrayar que "no se ha podido comprobar la eficacia" del programa socialista y reconocer que el Departamento de Educación "se ha visto desbordado" en la petición de becas y eso es "lo que hay que solventar".

La diputada del PAR, María Herrero, ha explicado que sus enmiendas pretendían ser "acordes con la realidad" y actuar "de manera sensata", y ha abogado por "evaluar" lo ocurrido este año "para que no vuelva a suceder".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha opinado que el nuevo programa de becas "se ha gestionado muy mal" y "va a ser muy complicado" solucionarlo, "si no lo hacen de otra forma", para defender "una progresividad real" y, de forma complementaria, "la reutilización de los libros de textos", de forma que un año las familias becadas y no becadas compren los libros, que después dejarían en el centro y se usaría los tres años siguientes.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con la iniciativa socialista, salvo en recuperar el programa de gratuidad de libros de texto porque ha indicado que los criterios de progresividad son "más justos".

Ampliaciones de pistas de esquí

En otro orden de cosas, el pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado una moción presentada por CHA pedía al Ejecutivo autonómico que solo autorizara, impulsara o promoviera los proyectos que fueran sostenibles desde el punto de vista medioambiental, social y económico.

Agregaba que esto se efectuara "sin recurrir en ningún caso" a desarrollos urbanísticos especulativos como fórmula de financiación, "tal y como sucede en los proyectos de ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa y en la unión de las estaciones de Candanchú, Astún y Formigal". La moción ha sido apoyada con ocho votos de CHA e IU y rechazada por 53 votos en contra de PP, PSOE y PAR.

El diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha subrayado que su grupo está "a favor del esquí, pero no con la cultura del ladrillazo" que pretenden las citadas ampliaciones de pistas, "que van a ser un desastre medio ambiental", para preguntarse si no es especulación querer construir 4.000 viviendas en Castanesa, cuando actualmente hay 170 habitantes.

El diputado del PP, José Manuel Cruz, ha argumentado que "las estaciones de esquí han demostrado ser un factor de desarrollo económico y social" y la ampliación de Cerler "no va a ser una excepción", para aclarar que posee evaluación y declaración de impacto ambiental y el proyecto ha sido "redimensionado", mientras que la propuesta de CHA en ese valle "coincide con las circunstancias en que ha estado en los último mil años".

Proyecto viable

El diputado del PSOE, Alfonso Vicente, ha remarcado que "se han cumplimentado todos los trámites previstos preceptivos", ha habido denuncias a Europa "que no han prosperado" y el proyecto de Castanesa "es viable" en los términos fijados en los informes de impacto medioambiental, para precisar que "no habrá plusvalías si previamente no está la estación en marcha, una cautela importante que establece la normativa", además de que se prevé "el desarrollo sobre los núcleos actuales".

El diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, que ha presentado una enmienda que no ha sido aceptada, ha dicho que el Gobierno "no está fuera de la legislación", "somos sabedores de las medidas correctoras puestas en Castanesa para hacerlo sostenible" y ha defendido "llevar a cabo proyectos importantes para el territorio, que creen trabajo y riqueza y que sean sostenibles".

El diputado de IU, Miguel Aso, ha estimado que el motivo de estos proyectos es "hacer especulación urbanística en base a una cantidad de viviendas y a las puertas construimos unas pistas, que como no tendrán nieve habrá que hacerla artificial", para abogar por "mantener y mejorar lo que tenemos y potenciar las comunicaciones hacia esas pistas", pero no desarrollar nuevos proyectos "para generar más pérdidas" ya que "las pistas de esquí pierden mucho dinero".

Generación de empleo

Por otra parte, el pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado otra moción, presentada por IU, en materia de políticas de empleo, que pedía, entre otras cosas, mantener el conjunto de las políticas activas de empleo y una dotación presupuestaria suficiente para el ejercicio 2013 que garantizara el mantenimiento de todos los programas del Instituto Aragonés de Empleo y recuperar los anulados este año.

También solicitaba la retirada del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013 por "antisociales" y "gravemente perjudiciales para Aragón".

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