El abogado de EUPV en Alicante, José Luis Romero, ha presentado este jueves ante el juzgado de instrucción número 6 una denuncia en la que pide que reabra la investigación por el "presunto amaño" en la tramitación del Plan Rabassa, al entender que los informes posteriores del caso 'Brugal' revelan indicios de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

José Luis Romero ha detallado que, con esta denuncia, EUPV pide la imputación, entre otros, de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y del empresario Enrique Ortiz, a quien los informes policiales de la causa que investiga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) atribuyen una "influencia" sobre las autoridades locales, regionales y estatales para que adoptaran decisiones favorables a sus intereses.

Así mismo, la denuncia está dirigida también contra el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, la jefa del servicio jurídico-administrativo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Isabel Campos, y el que fuera director de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Alicante, Enrique Peiró.

Además, denuncia al director general de Carreteras del Ministerio de Fomento con el Gobierno Central anterior, Francisco Javier Criado, y a la exsecretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda, María Ángeles Ureña.

El escrito puntualiza que el que fuera conseller de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda, José Ramón García Antón, no está incluido en la denuncia, "a pesar de estimar que su actuación resulta indiciariamente constitutiva de delito", ya que es "notorio su fallecimiento".

Además de la declaración de los primeros ocho denunciados, EUPV pide la declaración en calidad de testigos de empleados de la Gerencia de Urbanismo de Alicante; de trabajadores de Ortiz en el Grupo Cívica, del abogado de Ikea y de un directivo de la multinacional sueca.

"desviación de poder"

El juzgado de instrucción número 6 de Alicante sobreseyó el caso del Plan Rabassa en mayo de 2008, si bien, y según ha recordado José Luis Romero, fue después de esta fecha cuando el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela (Alicante) ordenó la interceptación del teléfono de uno de los principales imputados, Enrique Ortiz.

Los informes policiales de las diligencias previas llevadas a cabo después de esa fecha por el juzgado de instrucción número 5 de Alicante, —relativas a presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU en una pieza separada del caso 'Brugal', que ahora investiga el TSJCV— revelan indicios de delitos que, para Romero, "es necesario que el juzgado conozca para reabrir dicha causa".

Las conversaciones intervenidas al empresario alicantino recogen, según la denuncia, las actuaciones para "mover influencias" y las presiones a distintas autoridades y responsables para la adopción de decisiones que le eran favorables a sus intereses en la zona de Rabassa, donde estaba prevista la instalación de una tienda de Ikea.

En su escrito al juzgado, EUPV recuerda que el Plan Rabassa comporta la reclasificación de cuatro millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, con un incremento residencial de 13.500 nuevas viviendas, lo que "sin duda altera de manera sustancial las directrices definitorias de evolución urbana y de ocupación del territorio

Los nuevos datos incluidos en el llamado caso 'Brugal', para EUPV ponen de relieve la existencia de una "desviación de poder" en la adopción de los acuerdos aprobatorios del Plan Rabassa, instrumentales para la consecución del "verdadero objetivo buscado con este plan urbanístico: la importantísima concentración comercial que el citado convenio auspicia, con las evidentes repercusiones económicas, ambientales y sociales que necesariamente comporta", recoge la denuncia.

Las condiciones recogidas en el convenio para la homologación y el Plan Parcial del Sector 'Lagunas de Rabassa' del municipio de Alicante "favorecen notablemente los intereses económicos del promotor, que ve incrementado exponencialmente el beneficio económico que va a reportar su ejecución, encubierto bajo el manto del ejercicio formal de la potestad de planeamiento, que se había venido justificando en la necesidad de vivienda protegida".

Además, la denuncia estima "realmente notable" que en la tramitación de los procedimientos para la aprobación del Plan Rabassa, el convenio para implantación de Ikea y la modificación del vigente PGOU y del PGOU en revisión, quien supuestamente "marca los tiempos, auspicia la emisión de los informes y el dictado de resoluciones, al punto que hasta influye en la fecha de las convocatorias de los órganos municipales, es Enrique Ortiz, no el poder público", ya que las decisiones se adoptan en "su particular beneficio".