El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha exigido una fija de 40.000 euros a la Federación de Asociaciones de Vecinos para poder personarse en el procedimiento por delito de prevaricación y/o desobediencia contra el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y los arquitectos Isidro Martínez Cuesta y Luis Alvarez Aller, en el caso de exceso de edificabilidad en el Edificio Caja Duero de la Plaza Zorrilla, donde el primer edil dispone en la séptima planta de una vivienda de su propiedad.

La federación vecinal ha mostrado su "más absoluto estupor" por dicha cuantía, exigida por el juez mediante auto de fecha 1 de octubre, al entender que la fianza es excesiva al tratarse de un procedimiento que ella no ha puesto en marcha sino la Fiscalía y, fundamentalmente, por carecer de capacidad económica para hacer frente a la misma, equivalente a más de diez años de las subvenciones que obtiene o a más de cinco de su presupuesto anual.

La agrupación vecinal, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera "altamente sorprendente" que en el procedimiento penal por las alteraciones del PGOU seguido en otro juzgado se le haya fijado una fianza de 8.000 euros y en el presente procedimiento se multiplique esa cuantía por cinco. En el primero de los casos, la fianza la ha podido abonar la federación gracias al apoyo de colectivos y personas particulares "que han entendido la seriedad de un asunto que es en beneficio de Valladolid".

Para la federación, la "desorbitada" cuantía exigida ahora para el caso del Edificio de Caja Duero supone de hecho una "obstaculización evidente" a su acceso a la Justicia, "aparenta una justicia que dificulta el acceso de la ciudadanía de a pié frente a las personas poderosas y mantiene la imagen de impunidad de las personas que se dedican a la política, de que ciertas personas son intocables".

Por tal motivo, la federación ha anunciado ya que recurrirá esta cuantía y, puesto que esta personación realmente no le reporta beneficio directo alguno a los colectivos vecinales, sino que más bien se lo reporta a toda la ciudadanía, solicitará expresamente al Ayuntamiento que adopte un acuerdo de cubrir económicamente la fianza que finalmente sea fijada por los tribunales.

"En caso de ser abandonados por la representación democrática de la ciudadanía, la federación promoverá de nuevo una cuestación para conseguir esclarecer lo ocurrido en este desastroso expediente que tantísimo dinero nos está constando a todo Valladolid", concluye.