(Ampliación) MARE asumirá nuevos servicios valorados en 10 millones de euros sin aumento de costes

El consejero Javier Fernández considera cumplidos más de la mitad de los objetivos de legislatura de su departamento
El consejero Javier Fernández, en el Parlamento
El consejero Javier Fernández, en el Parlamento
EUROPA PRESS
El consejero Javier Fernández, en el Parlamento

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha anunciado este jueves que la empresa pública MARE ha reducido este año sus costes en 10 millones de euros y, para 2013, asumirá "nuevas obligaciones sin coste añadido" -la gestión de nuevas instalaciones de depuración-, lo que supondrá "otro esfuerzo de casi 10 millones más".

Según los datos del servicio financiero de la empresa pública facilitados por Fernández en el Parlamento, MARE ha mejorado este año sus resultados un 16%, ha reducido sus gastos de explotación un 11% y la aportación del Gobierno de Cantabria se ha recortado un 50%, pasando de 14 a 7 millones de euros. El tiempo de pago a proveedores se ha reducido de 140 a 126 días y la deuda con terceros ha pasado de 36 a 30 millones de euros en un año.

En respuesta a las preguntas planteadas al respecto por el PRC, el consejero ha puntualizado que el ahorro de costes se ha basado en "mejoras en la gestión", no en reducción de servicios prestados ni merma de calidad en los mismos.

Añadió que de los diez millones menos gastados este año, sólo uno es imputable al capítulo de personal, y confesó que el ERE en esta empresa pública (que supuso siete despidos de trabajadores que no aceptaron pasar a ser fijos discontinuos) ha sido su "mayor penitencia", aunque se ha mostrado satisfecho con el resultado de "cero despidos sin alternativa de permanecer en la empresa", algo que ha sido posible gracias al "enorme esfuerzo" de los trabajadores y la "flexibildad" de la empresa.

El consejero admitió que esa "alternativa" (que aceptaron 50 trabajadores) es "dura" ya que supone trabajar seis meses al año y los otros seis estar en paro cobrando "entre un 10 y un 15% menos", pero ratificó su "compromiso personal" de "intentar" que esta situación sea "transitoria" y que al final de la legislatura estos trabajadores se puedan reincorporar a la empresa, buscando para ello nuevos yacimientos de empleo a través de la sección de mantenimiento del territorio.

Mas de la mitad de los objetivos cumplidos

Javier Fernández realizó estas afirmaciones en la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Parlamento, donde afirmó que su departamento ha conseguido "totalmente" casi la mitad de los objetivos que se propuso al principio de legislatura, y de hecho afirmó que "pueden darse por cumplidos el 60%", algo que desde la oposición tildaron de "broma".

Para 2013 avanzó la aprobación de la Ley del Paisaje (el anteproyecto se entregará a la Federación de Municipios este mes), la Ley de Abastecimiento y Saneamiento o el Plan Hidráulico; la finalización de las obras de saneamiento de las marismas de Santoña, entre otras; y la aprobación de una "docena" de planes generales de ordenación urbana.

El consejero reivindicó el papel del Gobierno de Ignacio Diego en la obtención de fondos del Estado por valor de más de 60 millones de euros para obras hidráulicas, 17 de ellos para la finalización -en 2015- de la Autovía del Agua, una obra multimillonaria que pese a estar declarada de interés general desde 2009, lo que conlleva el pago del 85% por parte del Estado, hasta ahora ha sido financiada exclusivamente por el Gobierno de Cantabria, colmatando el presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente.

Fernández lanzó este reproche a los grupos de la oposición y socios de gobierno en las dos legislaturas anteriores después de que el portavoz del PSOE, Miguel Angel Palacio, afirmara que "es un engaño decir que en la ejecución de estas obras está la compensación de la deuda del Estado". Y es que, en su opinión, "no existe ninguna deuda histórica" en este ámbito porque el Estado ha invertido más de 400 millones de euros en grandes obras de abastecimiento y saneamiento en Cantabria que eran competencia de la comunidad autónoma.

Entre los objetivos "cumplidos" el consejero citó la colaboración y coordinación con los ayuntamientos en materia de urbanismo; las dos reformas de la Ley del Suelo (para la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, permitir modificaciones de planeamientos no adaptados a la Ley del Suelo y cambiar el régimen jurídicos de los PSIR); la aprobación y seguimiento del plan de derribos; y el plan de recuperación de áreas degradadas.

PGOUs

El consejero destacó que "por primera vez en la historia de la región se aprueban dos PGOU en un mismo año", los de Santander y Puente Viesgo, a los que se unirán este mismo año o en el primer trimestre de 2013 los de Cabezón de la Sal, Cabezón de Liébana, San Miguel de Aguayo o Corrales de Buelna, para finalizar el próximo ejercicio con una "docena" de planes aprobados.

El consejero se 'enzarzó' a cuenta de los PGOU con su antecesor en la Consejería de Urbanismo y portavoz del PRC, José María Mazón, quien opinó que hay que "tener cara" para "presumir" de haber aprobado los planes de Santander y Puente Viesgo cuando ya los encontró "supertrabajados". Frente a ello, Fernández aseguró que el PGOU estaba en un estado de "absoluto abandono" desde diciembre de 2010 y que bajo su mandato, la Consejería ha "recuperado un muerto".

Por su parte, el portavoz del PSOE reprochó al consejero la falta de "alternativas" en esta Consejería para ayudar a la región a la salir de la crisis, algo que rechazaron tanto el consejero como el portavoz del PP, Iñigo Fernández, quienes afirmaron que detrás de todas y cada una de las acciones de este departamento está el estímulo de la actividad económica y la creación de empleo. "Es difícil encontrar alguno que sea un mero artificio estético" afirmó el consejero.

El portavoz del PP defendió que en un año, la Consejería de Javier Fernández ha desplegado "un trabajo ingente" que ha permitido "evitar la quiebra de MARE", "alejar la amenaza" de tener que hacer frente a más indemnizaciones por sentencias de derribo, mejorar la seguridad jurídica y dotar a la sociedad de instrumentos que permitan estimular la economía, como los PGOU o la regulación para poder construir viviendas unifamiliares en suelo rústico.

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