El programa con el que el PPdeG concurrirá a las próximas elecciones compromete "cerrar el modelo" de gobernanza fiscal autonómica, para lo que prevé diseñar una nueva Ley de régimen financiero que se adapte a la norma que regula la estabilidad presupuestaria. También se marca el reto de finalizar la próxima legislatura con un tiempo medio de pago a proveedores inferior a 20 días, es decir, "un 50 por ciento menos de lo previsto legalmente para los próximos ejercicios".

Son dos de las medidas que, en clave económica, incluye el documento de 365 páginas con el que el presidente gallego y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, buscará revalidar la confianza de los gallegos en la cita con las urnas del próximo 21 de octubre. Sus ejes, según han destacado los populares en un comunicado, son "crecimiento, empleo, bienestar y autogobierno".

En cuanto a la nueva Ley de régimen financiero, aspira a "simplificar" la gestión financiera para "agilizarla" y orientarla hacia el cumplimiento de objetivos y la ejecución del presupuesto. El objetivo último, a través de la medición del impacto de las políticas públicas de gasto, es aumentar el "empleo eficiente" de los recursos. Además de la "evaluación de las políticas", los populares asentarán su estrategia en el plan estratégico ya aprobado esta legislatura.

Por otra parte, se prevé reforzar el control y se propone la incorporación de normas que hagan efectiva la "coordinación" con el Consello de Contas y la auditoría única. También se traspondrá la normativa básica en materia de transparencia para que cada gallego sepa "quien gasta su dinero" y adónde va "cada euro gastado" no sólo por la Comunidad, sino también por las universidades y corporaciones locales.

Y es que, el PPdeG se compromete a impulsar un pacto por la sostenibilidad del sector público gallego, incidiendo en la necesidad de garantizar la "transparencia, integridad y responsabilidad" en la administración pública y en el gasto de fondos públicas, así como en el desarrollo y aplicación de estrategias y políticas de recursos humanos, adecuadas a las "necesidades reales" para la prestación de servicios.

Gasto de alquileres,

"a cero"

En el marco de la política de "austeridad" abanderada por Feijóo, los populares incluyen en su programa la articulación de varios planes plurianuales: para reducir el gasto en alquileres de la Xunta "a cero", para incrementar la recaudación ejecutiva "en un 25 por ciento", para asumir la auditoría de cuentas de "todos" los entes dependientes de la Comunidad y para reducir los gastos de funcionamiento de las consellerías "en un 10 por ciento" y dedicarlo "a gasto social".

Del mismo modo, incorpora un plan de gestión centralizada de la tesorería y la deuda de todos los entes dependientes de la Xunta, así como un plan de contratación pública de los servicios y de los suministros comunes en el ámbito de la Comunidad y entes de la denominada administración paralela. Todo ello, para "favorecer" una mayor eficencia y control del gasto.

Los populares consideran "básico" que las empresas no sufran retraso en sus cobros por parte de las administraciones públicas y destacan que en esta legislatura Galicia ha logrado ser "una de las tres comunidades con mejores tiempos medios de pago". Por ello, inciden en seguir "mejorando" y se marcan el reto de finalizar el mandato con un iempo medio de pago inferior a 20 días.

Al tiempo, el PPdeG quiere alcanzar una reducción "paulatina y constante" de los ratios de deuda autonómica, "adelantando a 2016 el objetivo legal de cumplimiento impuesto por la ley de estabilidad para el año 2020", entre otras medidas.

Financiación autonómica

Aunque los 'barones' del PP han decidido no llevar este asunto a la Conferencia de Presidentes que se celebrará esta semana, los populares gallegos ven la revisión del modelo de financiación autonómica un asunto "clave" y alegan que de él "dependerá en gran medida la calidad y cantidad de servicios públicos a los que van a poder acceder los ciudadanos gallegos".

El principio básico para la articulación del nuevo sistema debe ser la "adecuada cobertura" de las necesidades de gasto de todas las comunidades, defiende el programa electoral del PP. Por ello, entiende que la aplicación dentro del sistema de criterios que puedan estar relacionados con el esfuerzo o la capacidad fiscal de un territorio o con el establecimiento de mecanismos de nivelación parcial, deben estar supeditados a la "preeminencia" del primer principio.

Los populares también inciden en el principio de lealtad institucional y enfatizan la importancia de valorar la dispersión y el envejecimiento. Así, se comprometen a elaborar un estudio que ponga de manifiesto las debilidades del actual sistema de financiación autonómica y los criterios precisos para avanzar hacia un nuevo sistema de financiación que "responda a las necesidades" de Galicia.

Beneficios fiscales y código ético

En el apartado fiscal, el programa electoral ratifica su apuesta por las "bajadas selectivas de impuestos", que favorecen no sólo la actividad económica sino también "la recaudación a medio plazo". Conforme este principio, garantiza que si Feijóo reedita mandato mantendrá los beneficios fiscales aprobados en el IRPF en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como en el tributo que regula sucesiones y donaciones.

Adicionalmente, se analizará la posibilidad de introducir nuevos beneficios fiscales en los tributos autonómicos y se apostará por medidas para incrementar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.

Código ético

Entre los compromisos que asume el PP en su programa, los populares incorporan también la intención de elaborar un código ético de los representantes políticos y de los gestores de las administraciones públicas, "racionalizar" la negociación sindical de las relaciones de puestos de trabajo (RTP), continuar con la reducción de los entes paralelos y apostar por el modelo de las agencias públicas.

Además, si Núñez Feijóo gobierna de nuevo prevé generalizar la figura de los contratos programa o de gestión, que permiten medir "la eficacia" en el cumplimiento de objetivos, "simplificar" los procedimientos administrativos y generalizar el uso de las nuevas tecnologías en la administración. También prevé la aprobación de la Ley del estatuto gallego del empleado público, en busca de una gestión de personal "más moderna y homogénea".

En el apartado de función pública, se aspira a la regulación del personal directivo y a modificar los procesos de selección de personal, unificando la elección del personal temporal de la administración y de los entes instrumentales.