El argumento que esgrimió Escribano en su declaración es que no se enteró de que el informe entregado al juez del Olmo no era el que elaboró con sus compañeros hasta el mes de julio.

La declaración

Según publica El Mundo , los dos miembros de la Policía Científica dijeron a la juez que, normalmente, sus informes no eran revisados por sus superiores, excepto en el informe en el analizaba lo encontrado en el piso de uno de los imputados en el 11-M, en el que daban cuenta del hallazgo de ácido bórico.

En el documento se hacía referencia a otro hallazgo parecido en un piso franco de ETA registrado en el 2001 y en el de un joven "antisistema" detenido en 1999, algo que, según estos peritos, sugiere la la "posibilidad" de que "los autores de estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de formación y/o sean los mismos autores".

De acuerdo con su declaración, Escribano remitió este informe a su superior, Francisco Ramírez, quien pocos días después le pidió que borrara las alusiones a una posible relación con ETA por ser "pura elucubración".

Así, tal y como asegura el periódico El Mundo, en el mes de julio, el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, pidió a Escribano una compilación de todos los informes sobre explosivos para el sumario del 1-M y, al proceder a su realización cayó en la cuenta de que el informe final entregado al juez del Olmo, no era el suyo.

Por este motivo, Escribano entregó a Andradas una copia del original, que guardaba en su ordenador y que los tres peritos que lo realizaron en un principio, entre ellos Isabel López Cidad, firmaron de nuevo.

Como testigos

Ha sido finalmente la juez Gemma Gallego quien se ha hecho cargo del caso después de que Baltasar Garzón se inhibiera por falta de competencia de la Audiencia Nacional.

Garzón pidió que estos dos peritos, junto a otro de sus compañeros, Pedro Manrique, declarasen como imputados de un delito de falsedad documental y no como testigos , como lo han sido finalmente.