La Federación Agroalimentaria del sindicato CCOO de Andalucía ha mostrado este jueves su rechazo a la propuesta, enmarcada en el Reglamento que la UE está aprobando para el Fondo Económico para la Pesca desde el año 2013 hasta el 2020, de eliminar del etiquetado de las conservas de pescado y marisco información sobre el origen de éstas, al entender que dicha medida es "perjudicial tanto para el consumidor como para el empleo y el prestigio del sector".

En una nota, CCOO-A ha defendido que el consumidor español de conservas "tiene el derecho a conocer" información de ese aspecto tan "básico", ya que, en su opinión, "el reconocimiento e imagen de las conservas de España está íntimamente ligada a la calidad, a las exigencias normativas y los métodos de preparación".

Además, para esta organización sindical esa información es "fundamental" para "mantener el valor añadido que el nombre de procedencia de estos productos españoles aporta a las conservas de pescado y mariscos", de forma que "modificar estos patrones de comportamiento significaría poner en riesgo el empleo —mayoritariamente femenino—, y el renombre de las conservas españolas en aras a una estrategia que, cuanto menos, confunde al consumidor".

A todo ello, CCOO-A esgrime "la necesidad de preservar e incrementar" la carga de trabajo de las zonas de pesca y de conservas, así como de transformación de los productos de la pesca, "que han visto cómo progresivamente ha ido disminuyendo su volumen".

"La ocultación en la trazabilidad de las materias primas de su recorrido y llegada a España de forma semielaborada de países a miles de kilómetros es inadmisible y es abrir aún más la puerta al 'dumping' social y al mantenimiento de las pésimas condiciones de trabajo en países terceros", manifiesta la Federación Agroalimentaria de CCOO-A, que, frente a ello, apuesta por "garantizar una investigación completa y eficaz, un sistema de trazabilidad social de los productos que sea de fácil acceso y permita a los consumidores saber dónde se capturó o se crió el pescado, de qué especie se trata y dónde fue transformado".

Por último, el sindicato aboga por exigir "el principio de reciprocidad en las políticas fiscales y arancelarias, así como en las condiciones sociales de los trabajadores de la industria conservera en los acuerdos comerciales de la UE con terceros países".

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