El Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha destacado el "encomiable rigor" de los fiscales anticorrupción al frente de causas que ha considerado "especialmente complejas" y que "requieren un esfuerzo importante", todo ello "pese a la seria dificultad", ha aseverado, que implica "la persecución de delincuentes poderosos que tienen acceso a la opinión pública".

Así lo ha expuesto durante su intervención en el acto de apertura del año judicial 2012/2013, celebrado en el Tribunal de Justicia de Baleares (TSJIB), donde ha recriminado que estas personas "aprovechen el estar dentro del mundo de la política para tratar de desligitimar, en su propio beneficio, la actuación de los fiscales en particular y de la Justicia en general".

De hecho, ha lamentado, al hilo de lo anterior, que "muchas veces tienen el apoyo de otras personas que, en lugar de ayudarnos a lograr una mayor credibilidad del Estado social y democrático de Derecho, cometen la equivocación de llevar estos casos al terreno de la brega política, siendo conscientes de que afectan a todos los partidos políticos que han tenido la responsabilidad de gobernar y administrar el dinero público".

Durante su discurso, el fiscal ha hecho mención asimismo al valor de imparcialidad que la Constitución invoca en referencia a la Fiscalía, lo que, a su juicio, "debe ser entendido como un atributo esencial de la institución y como una exigencia constante en el cumplimiento de sus funciones".

En este sentido, Barceló ha apuntado que "esa proclamación de imparcialidad es una de las más sólidas garantías que el Estado de Derecho pone al servicio de los ciudadanos" puesto que, si la unidad de actuación "persigue la aplicación uniforme de la Ley", el principio de imparcialidad "asegura que esa aplicación, lejos de cualquier interés particular o partidario, tenga por finalidad, única y exclusivamente, el interés político y el ideal de Justicia".

El Fiscal Superior ha realizado estas consideraciones tras señalar que, durante el año 2011, los Juzgados de Instrucción de las islas incoaron un total de 172.366 procesos penales que, en relación con el año anterior, supusieron un aumento del 26,1 por ciento.

"Hemos mantenido la posición activa del Ministerio Fiscal en la investigación", ha aseverado Barceló, al apuntar que la acusación pública ha incoado y tramitado 224 diligencias preprocesales relacionadas, principalmente, con delitos contra la ordenación del territorio, siniestralidad laboral, económicos y contra la Administración pública.