La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Ana Redondo, ha considerado "imprescindible" modificar la Ley del Procurador del Común para evitar que las administraciones acepten "alegremente" las recomendaciones de la Institución para que luego "caigan en saco roto, sin que nada cambie año tras año".

En su turno de fijación de posición del Pleno de Presentación del Informe del Procurador del Común de 2011, Redondo ha aseverado que hay "ejemplos para aburrir" de medidas propuestas por la Institución encabezada por Javier Amoedo Conde que no se van a poner en marcha pese a que "la mayoría" fueron aceptadas "de buen grado" por las distintas consejerías de la Junta.

En este sentido, ha recalcado que si la crisis económica puede "servir de excusa a los malos gobernantes para desmantelar el sistema democrático", puede también ser una "oportunidad" para corregir errores y superar las dificultades, al tiempo que ha reconocido que la situación económica lleva a replantear "si es necesaria la institución" y se es posible "mantener intactas instituciones" como el Procurador del Común.

En este sentido, ha defendido que el incremento de quejas registrado en 2011 demuestra que la situación de los ciudadanos ha empeorado pero también que "la confianza en el Procurador del Común ha ido en aumento", al tiempo que ha reconocido que "año tras año" se comprueba que "el grueso de las quejas se concentra en las mismas áreas", lo que según la opinión de Redondo "significa que las administraciones, lejos de corregir sus actitudes de desprecio por los derechos ciudadanos, no mejoran su gestión".

Por ello, ha defendido que la Institución encabeza por Amoedo gane en "autonomía y eficacia" para que, por ejemplo, pueda reclamar a las administraciones "una motivación suficiente en caso de rechazo de sus recomendaciones" o que la Oficina del Procurador pueda llevar a cabo un seguimiento de los efectos prácticos que producen las recomendaciones que son aceptadas y asumidas por las administraciones.

No obstante, ha recordado que el proyecto de reforma de la Ley del Procurador del Común "todavía duerme en el cajón" después de que "hace más de dos años" fuera anunciada por el Ejecutivo regional de Juan Vicente Herrera.

La viceportavoz socialista ha repasado en su turno numerosos casos de problemáticas llegadas a la Institución y que, según sus datos, no han recibido la respuesta adecuada de las administraciones después de que el Procurador se pronunciara a favor de los ciudadanos. Así, ha hecho especial hincapié en el área de Medio Ambiente y en el Centro de Residuos de Fresno de la Ribera (Zamora).

En este caso, ha señalado que "tras múltiples problemas legales medioambientales y de toda índole" y aprobación de "leyes ad hoc" tuvo que ser el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que anulara el Plan Regional de Residuos Industriales.

También ha citado aspectos como el abastecimiento de aguas, "un clásico del informe anual del Procurador", con numerosas reclamaciones en 2011 de las localidades burgalesas de la Mancomunidad de Campos de Muñó por problemas en el abastecimiento de agua potable, "que ya se habían denunciado en 2010".

Por otro lado, Redondo ha señalado que vuelven a figurar "como un 'dejá vu'" importantes irregularidades en los procesos de selección del personal, tanto en la Administración autonómica como en las provinciales y locales, lo que lleva al Procurador a "reiterar la argumentación expuesta en el informe de 2010 y a emitir resoluciones dirigidas a las Consejerías de Economía y Empleo, Educación y Sanidad".

A este respecto, ha recordado "cuántas veces" se han escuchado en el Pleno de las Cortes "loas de los consejeros a los funcionarios públicos de la Comunidad" y, en cambio, el informe del Procurador muestra la "falta de respeto que la Junta tiene por los más básicos derechos de los empleados públicos".

También han sido reiterativas, ha indicado Ana Redondo, problemáticas sobre el derecho a la vivienda, la aplicación de la Ley de Dependencia, ayudas a la adquisición de libros de texto. Además, ha censurado que la Consejería de Sanidad "ni siquiera entra en el juego de aceptar las resoluciones", sino que "directamente" las rechaza y muestra así "su desacuerdo con la actividad de protección de los derechos de los ciudadanos.

Ley "obsoleta"

En este sentido, el procurador del Común ha respondido con un recuerdo de la presentación hace dos años a los portavoces de los grupos parlamentarios un anteproyecto de modificación de la Ley que rige la Institución, pues considera que el actual texto "está obsoleto", por lo que considera que hay que adaptarla también al Estatuto de Autonomía que "recoge expresamente la figura".

Asimismo, ha reconocido también que muchas de las quejas presentadas "se reiteran" a lo largo de los años y que algunas de las resoluciones del Procurador que aceptan las administraciones no se cumplen, pero ha advertido de que la Institución "no puede convertirse en un perro guardián para saber si se cumplen o no". No obstante, ha recordado que en el momento en el que se remite la resolución al ciudadano, se señala que si en un plazo prudencial no se ha realizado lo que ha aceptado la administración correspondiente, se comunique nuevamente para "intervenir de nuevo".