El Procurador del Común, Javier Amoedo, ha defendido este martes el papel de esta institución de carácter estatutario como un "auténtico" mecanismo de garantía y tutela de los derechos de los ciudadanos y ha recordado además que su nota esencial pasa por la "independencia, la objetividad y la imparcialidad" además de la cercanía tanto a las personas como a la propia administración..

Este es el principal mensaje que ha trasladado Javier Amoedo en la presentación este martes en las Cortes del Informe del Procurador del Común correspondiente al año 2011, una comparecencia en la que el Defensor del Pueblo en Castilla y León ha destacado la importancia de esta institución como "observador cualificado de la realidad regional y de los problemas de los ciudadanos para, con inmediatez, incoar expedientes de oficio sin tener que esperar a la presentación de una queja".

Amoedo ha ido más allá en la defensa de esta institución y ha recordado que los ciudadanos presentan más quejas en las comunidades en las que existe un defensor autonómico. Así, ha puesto como ejemplo el caso concreto de Castilla y León, con 14,09 quejas por cada 10.000 habitantes, frente a las 4,05 y las 3,85 presentadas en Extremadura y Baleares, respectivamente, donde no existe esta figura.

"Es una institución eficaz, los ciudadanos confían en su trabajo que se demuestra por el número de quejas que se presentan pero también las administraciones implicadas por el número de resoluciones que se aceptan", ha sentenciado Javier Amoedo, que ha calificado de "aceptable" la colaboración de las administraciones si bien ha vuelto a advertir de que en algunos expedientes no se ha producido y en otros no tiene lugar con la diligencia deseable.

Según ha informado al Pleno de las Cortes de Castilla y León, a lo largo del año 2011 se presentaron un total de 2.411 quejas, 455 más que en el ejercicio anterior, y se formularon 98 consultas, frente a las 48 de 2010, de las que ha evidenciado un acercamiento de la Institución a quienes residen en poblaciones más pequeñas.

Flexibilización del programa "centros abiertos"

Amoedo, que ha realizado un somero repaso por las principales actuaciones llevadas a cabo por el Procurador del Común en 2011, ha hecho especial hincapié en el caso de la Educación, consejería a la que ha recomendado la flexibilización del criterio de participación en el programa de 'Centros Abiertos' para permitir variaciones en las semanas de asistencia de los niños usuarios cuando concurran causas o circunstancias especiales.

Del mismo modo, ha instado a esta Consejería a adoptar medidas para evitar los denominados "guetos educativos", a evitar largas permanencias de los alumnos en los centros escolares a la espera de ser recogidos por los vehículos de transporte y a dotar con recursos apropiados los programas bilingües, "en particular con el profesorado suficiente debidamente formado".

En el área de Sanidad ha centrado las quejas en el déficit de especialistas, sensación ciudadana que el principio de igualdad en el acceso a los sistemas sanitarios no se cumple de modo eficiente tanto dentro como fuera del territorio castellanoleonés, el trato humano y personal dispensado a los pacientes en los servicios de urgencias y el acceso a la historia clínica de los pacientes y a sus informes médicos donde se ponen límites que, según ha advertido, hacen desconfiar al interesado.

Dicho esto, ha recordado que el barómetro sanitario del Ministerio del ramo sitúa a Castilla y León como la tercera comunidad en grado de satisfacción por parte de los ciudadanos, con una calificación de 7,06.

Respecto a vivienda ha abogado por impulsar un nuevo acuerdo que contenga medidas dirigidas a reducir el stock, como, por ejemplo, mantener la posibilidad de transformar las viviendas libres en protegidas, reorientación de una parte hacia el alquiler o la configuración de viviendas con precio concertado.

Por último, ha cuestionado los sistemas de selección de personal y provisión de puestos de trabajo en el área de Función Pública al mismo tiempo que ha recomendado a algunos ayuntamientos que lleven a cabo una actualización permanente del padrón de habitantes con la obligación de inscribir al que lo solicita "pues no cabe denegar el alta a priori por falta de residencia sin perjuicio de que pueda acordarse su baja si los vecinos empadronados no residen en el municipio durante la mayor parte del año".