La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha decidido finalmente trasladar a febrero el juicio al dueño de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, acusado de apropiarse de dinero entregado por una mujer para dos viviendas no construidas en Casares (Málaga).

En la sesión de este pasado lunes, el Tribunal admitió documentación aportada por la defensa del procesado, entre ella la ampliación de una pericial. Tras esto, el fiscal pidió tiempo para examinar los documentos antes de seguir el juicio con la declaración del acusado. Aunque inicialmente se barajó seguir la vista este miércoles, al final se ha pasado al 18 de febrero.

El ministerio fiscal acusa a Ruiz Casado por un delito de apropiación indebida, al considerar que la sociedad vendió a una mujer dos viviendas de un edificio de un complejo en Casares que se pretendía construir, fijándose un calendario de pago que fue "cumplido" por la perjudicada, quien entregó 84.500 euros por una casa y 72.600 euros por la otra.

Al respecto, la acusación pública manifiesta en sus conclusiones provisionales que aún cuando el contrato suscrito "no establece fecha límite para la entrega de las viviendas, los efectos mercantiles emitidos para el pago de la parte del precio señalado finalizaba en febrero de 2006" y que en ese momento la empresa "gozaba ya de la licencia para construir y no la había siquiera iniciado".

Así, dice el fiscal que la mujer —personada como acusación particular—, "transcurrido un periodo más que prudencial", en 2008 y "ante la misma situación de inejecución de la obra ni siquiera parcialmente" dio por resuelto el contrato y reclamó la devolución del dinero, mientras que por contra la empresa le ofrecía otros pisos ya construidos, que "no fueron del agrado" de la perjudicada.

La Fiscalía sostiene que la promotora "no avaló la devolución del dinero entregado para el supuesto de no acometerse la obra" y que la sociedad "ha hecho propio el dinero recibido sin haberlo aplicado a los fines predispuestos". Además, tras reabrirse el caso, Aifos sólo justificó que había pagado a la inmobiliaria que vendía los pisos y la licencia urbanística e impuesto al Ayuntamiento.