Los abogados y procuradores de Santiago se han unido para reclamar al Ministerio de Justicia que suspenda la puesta en marcha de las nuevas tasas judiciales. El proyecto de ley, actualmente en tramitación parlamentaria, "pone en riesgo la tutela judicial efectiva y nos lleva a una justicia para ricos y otra para pobres", en palabras del decano de los letrados compostelanos Evaristo Nogueira.

Por su parte, el decano de los procuradores de Santiago, José Paz Montero, ha advertido de las consecuencias de la nueva ley, lo que ha llevado a los profesionales vinculados al sector judicial a realizar un último llamamiento al Gobierno.

"Con la actual crisis, las tasas no permitirán a numerosos ciudadanos acudir a los tribunales a defender sus derechos; el Ministerio de Justicia debe estudiar otras posibilidades", ha asegurado.

El coste de las nuevas tasas oscila entre los 50 y los 1.200 euros. Tal y como señalan ambos colectivos, el importe más significativo es el de los recursos de apelación (800 euros) y de casación (1.200 euros) en los órdenes Civil y Contencioso-Administrativo. En la jurisdicción Social, la suplicación pasa de 0 a 500 euros, y la casación, de 0 a 750 euros".

"El derecho a la Defensa es fundamental y constitucional, las tasas no pueden presentarse como un recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita; esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta", apunta Nogueira.

Inversión paz social

"El gasto en Justicia Gratuita es una inversión en paz social y su regulación puede ser mejorada, nos hemos ofrecido al diálogo. Apenas representa un 6,5% del gasto en Justicia y debería ser financiado desde los Presupuestos, no desde tasas que ni siquiera se han calculado en función del nivel de renta, por lo que ni siquiera hay un planteamiento equitativo", considera el decano de los letrados compostelanos y adjunto a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

Abogados y procuradores compostelanos reiteran que la forma de evitar la litigiosidad no es poner barreras, en forma de tasas, para acceder a la Justicia. "Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos derechos, intereses y pretensiones, tal y como reconoce nuestra Constitución, y no puede impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que, en definitiva, perjudica a quienes tienen menos medios económicos", añade Paz Montero.