El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, ha demando al Gobierno de la Nación que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, cuyo borrador se aprueba el próximo jueves en un Consejo de Ministros extraordinario, que "no sean unos PGE falsos, que no se presenten papeles que tengan vigencia hasta el 21 de octubre, cuando se celebran las elecciones vascas y gallegas, y que pasada esa fecha sean papel mojado porque venga la verdad inasumible para los ciudadanos en términos de sacrificio y de aún más recortes en elementos esenciales de derechos y servicios públicos".
En rueda de prensa en Sevilla tras la reunión de la permanente de la Comisión Ejecutiva Regional, Jiménez ha dicho que "da la sensación de que Mariano Rajoy se la juega en las gallegas, pero, en realidad, se la juega ante todo los españoles", toda vez que señala que "no se puede someter el interés general a los intereses partidistas del Partido Popular".
Además, Jiménez ha advertido de que los socialistas andaluces exigirán que la comunidad reciba de los PGE el 17,8 por ciento de inversión real que contempla el Estatuto. "Esperamos que no sean un nuevo mazazo y una discriminación hacia Andalucía, que no sean una nueva agresión ni nueva ofensa a los andaluces", ha subrayado, reclamando al Gobierno de Rajoy "un ejercicio de lealtad hacia nuestra tierra en respuesta a la oferta de lealtad y diálogo de Griñán, que busca todos los días coordinación institucional ante los momentos difíciles que vivimos".
"Sabemos que los presupuestos tienen que ser austeros a tener de la situación actual, pero no deben ser injustos", ya que "deben preservar la financiación de los servicios públicos de salud, educación, las pensiones y la prestaciones por desempleo, así como la aplicación de la Ley de Dependencia", señala Jiménez, quien añade que los PGE "deben contar con una partida clara y contundente para reactivar el empleo".
Por otra parte, Jiménez ha manifestado el apoyo del PSOE andaluz al Ejecutivo de la Nación "para que negocie con fuerza en Europa" y garantice a la comunidad los recursos económicos estructurales y las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). "Están en juego 1.500 millones de euros que llegan de la UE y el Gobierno de España debe ser capaz de defender a los andaluces", ha considerado.
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