El lehendakari, Patxi López, se ha comprometido a impulsar las iniciativas necesarias, "incluso legislativas", para que no puedan ser desahuciadas las personas en desempleo que no puedan hacer frente a las hipotecas de sus viviendas habituales.

López se ha pronunciado de esta manera durante su discurso en la apertura del año judicial, que ha presidido junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra. En el acto han participado los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uria, Manuel Almenar y Félix Azón, así como los miembros de la Sala de Gobierno del TSJPV, y el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro.

También han asistido el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, el Ararteko, Iñigo Lamarca, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, además de representantes de cuerpos policiales, de los colegios profesionales de la UPV/EHU, del CES y CRL, entre otros.

López ha anunciado su intención de recoger la propuesta de la magistratura para "proteger" a los desempleados de la posibilidad de desahucio, después de que este año, también haciéndose eco de la petición de los jueces de hacer frente al "drama humano" de los desahucios, se haya creado el Servicio de Mediación Hipotecaria.

Un centenar de ciudadanos han utilizado este servicio, público y gratuito, en los "escasos" cinco meses que lleva en funcionamiento. El servicio, según ha explicado, "ha parado desalojos, subastas de pisos y, sobre todo, ha logrado dar confianza a personas que se han visto atrapadas en la crisis con créditos hipotecarios que, por circunstancias derivadas de ella, no pueden pagar".

En esta misma línea, se ha comprometido a impulsar "cuantas iniciativas (incluso legislativas) sean necesarias para que aquellas personas en paro que se vean imposibilitadas para pagar las hipotecas de sus viviendas habituales, no puedan ser desalojadas de sus casas".

"Con dinero público hemos ayudado a los bancos. Corresponde ahora a los bancos hacer un esfuerzo para que ningún ciudadano o ciudadana se vea necesitado de rescate", ha asegurado el lehendakari, que ha defendido que "los ciudadanos no son hipotecas impagadas andantes, son sujetos de derechos y deben ser objeto de políticas públicas que les impidan caer en la marginación, la pobreza o el desarraigo".

Por ello, ha apelado a no permitir que "nadie se quede en la calle" y a construir "una sociedad cada vez más justa en la que el progreso de unos pocos no camine sobre la miseria de muchos".

En la misma línea, ha manifestado su confianza en la justicia como "garante" para impedir, tras la reforma laboral, "abusos y recortes de derechos a los trabajadores que bastante están sufriendo ya los efectos de la crisis", aunque también ha dicho confiar "mucho" en los empresarios vascos.

Prescripciones sobre déficit

Los efectos de la crisis también ha centrado las intervenciones del presidente del TSJPV y del fiscal superior del País Vasco. De este modo, Juan Luis Ibarra ha reivindicado que "las prescripciones sobre déficit estructural dispuestos por la Unión Europea no habilitan, ni pueden legitimar, una merma ni un deterioro en el sistema de garantías jurídicas de los estados miembro".

"Ni menos aún pueden dotar de validez a una suerte de deconstrucción del patrimonio jurídico constitucional que define el estatuto de ciudadanía de las personas directa o indirectamente afectadas por la quiebra del derecho al trabajo", ha añadido.

El presidente del tribunal vasco ha resaltado los esfuerzos desarrollados desde la jurisdicción social para mantener la identidad constitucional del modelo de relaciones laborales tras la reforma laboral y ha explicado que el "sensible" aumento de la litigiosidad que soportan los juzgados de lo social desde febrero es "muy difícilmente compatible" con las exigencias derivadas de "su sobrevenida posición de garantía única, no secundaria, en los conflictos", consecuencia de las medidas de flexibilización del mercado laboral.

Ibarra ha advertido del "colapso" en el proyecto de modernización de la Justicia y ha urgido a la recuperación de "la centralidad de la razón pública" en las políticas ministeriales. En este sentido, ha recordado que en 2012 no se ha creado ningún nuevo órgano judicial en España y que la última convocatoria de oposiciones para el acceso a la Escuela Judicial se produjo en enero de 2011, lo que puede poner en "riesgo de sucumbir" la inversión realizada en este organismo.

Asimismo, ha asegurado que el Poder Judicial y la Administración de Justicia asumen "la responsabilidad" en "una reconstrucción del valor constitucional de la justicia que repare el futuro postcrisis", en el que "el imperio de la ley y del derecho "siga siendo eje vertebrados entre el constitucionalismo y la democracia".

"El juicio que la sociedad confía a la autoridad judicial tiene la fuente de legitimidad en la preservación y en la tutela del ejercicio de los derechos inviolables atribuidos a todas y cada una de las personas que acceden a la jurisdicción", ha apuntado.

Según ha indicado, corresponde a los gobiernos "no cegar" el acceso a la jurisdicción mediante "tasas y costas" que, "en concurrencia con una insuficiente dotación de la asistencia jurídica gratuita, discrimine ilícitamente en el derecho de la justicia".

En cualquier caso, ha subrayado que los jueces deben "convertir en derecho vivo el principio de que los derechos sociales de base constitucional no están a disposición de las fuerzas del mercado".

Impulso a los juicios rápidos

Por su parte, el fiscal superior del País Vasco ha incidido en que el Ministerio fiscal debe dedicar sus mayores esfuerzos a "los más débiles y vulnerables", y ha destacado la labor desarrollada, en una situación de crisis económica "tan grave", por la fiscalía anticorrupción y los fiscales de delitos económicos ante estafas y otras modalidades de fraude "en ocasiones difíciles de investigar".

Calparsoro ha explicado que se observa "un repunte" de las denuncias por estafa "basadas en el engaño en el momento de firmar préstamos y operaciones que inevitablemente concluyen en desahucios de la vivienda habitual" y que habitualmente se refieren a prestamistas particulares.

También ha mostrado su preocupación por la defensa de los consumidores ante "prácticas abusivas de empresas sin escrúpulos" y, por ello, ha abogado por mejorar la proyección de derechos básicos con una "actuación coordinada y planificada".

Del mismo modo, ha apostado por mejorar la coordinación con la policía ante el aumento de delitos de seguridad ciudadana como agresiones o robos con violencia y ha planteado dar "un nuevo impulso" a los denominados 'juicios rápidos'.

Finalmente, tras recordar que "los recortes" también están "llegando a la justicia", ha advertido de que "una justicia ágil y eficaz, con los medios personales y materiales necesarios, es un elemento fundamental para la reactivación económica y la inversión extranjera y, por tanto, para salir de la crisis, todo ello en garantía de los derechos de los ciudadanos".