Un total de 76 municipios andaluces llevan adjudicadas casi 14.000 viviendas protegidas a través de los registros municipales de demandantes de VPO, según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda, quienes precisan que este instrumento se ha demostrado "útil" por lo que se mantendrá y potenciará su utilización.

Las fuentes precisaron que actualmente hay 734 municipios que presentaron sus bases en los registros municipales de demandantes de vivienda, que aglutinan a ocho millones de habitantes, esto es, el 99 por ciento de la población andaluza.

Asimismo, 555 tienen acceso al programa informático para gestionar y poner en funcionamiento sus bases de datos, herramienta que ha puesto en marcha la Consejería al servicio de los ayuntamientos para inscribir las solicitudes recabadas de futuros demandantes y adjudicar los inmuebles entre los ciudadanos registrados en las bases de datos.

Por tanto, las fuentes de la Consejería resaltan que estos registros se trata de "una herramienta que se ha demostrado absolutamente útil para conocer las necesidades de la población y las demandas de las familias, que hay que mantener en el tiempo; es una herramienta a mantener y a potenciar".

FUNCIONES

Desde su creación, el registro municipal de demandantes de VPO se ha considerado el primer método del que dispone la comunidad andaluza para realizar una cuantificación real de la demanda de vivienda protegida.

Los ayuntamientos tienen la posibilidad de gestionar y manejar los tres niveles de uso con los que cuenta el programa de estos registros, después de que la Junta haya puesto a disposición de los técnicos municipales la última fase de la aplicación informática con la que pueden adjudicar los inmuebles entre los ciudadanos inscritos en las bases de datos.

Este programa informático se ha puesto en marcha en tres fases, de tal manera que los ayuntamientos puedan llevar a cabo la recogida de información de los ciudadanos, la grabación y tramitación de solicitudes y la posterior adjudicación de viviendas.

Estos registros permiten cruzar datos de distintas administraciones (Ministerio del Interior, Hacienda, Catastro) para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos. De igual modo, permite la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos, indicándoles si tienen que renovar su inscripción —que tiene una validez de tres años prorrogables— o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.

Con la configuración de un único programa informático para el conjunto de los municipios, se logra homogeneizar los criterios y se facilita a la Junta disponer de una gran base de datos común y esto hace posible cotejar la información de todos los registros y detectar posibles irregularidades, como, por ejemplo, la inscripción de una persona en más registros de los permitidos.