Los presos de la provincia argentina de Buenos Aires que mantenían una huelga de hambre desde hace trece días terminaron ayer la protesta, después de que las autoridades atendiesen algunas de sus demandas.

Los mil reclusos de la Unidad 9 de la ciudad de La Plata, que habían iniciado el ayuno el 22 de septiembre último, fueron los primeros en concluir la protesta tras una reunión con el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco.

Pocas horas antes la Suprema Corte de Justicia de la provincia más grande y poblada del país atendió uno de los principales pedidos de los más de 12.000 presos que secundaban la huelga de hambre, al declarar inconstitucional un artículo del Código Penal.

El artículo en cuestión establece los períodos de reclusión y prisión para otorgar la excarcelación.

Hasta ahora por dos días de prisión preventiva se computaba sólo uno de reclusión.

En su fallo, la Corte consideró que este criterio hace que la detención pierda su naturaleza "excepcional y cautelar y se convierta en un plus de pena".

Con la resolución tomada por el tribunal se equiparan las penas de reclusión y prisión para computar los días que un detenido pasó en prisión preventiva.

"El fallo de la Corte es importante, pero no fue determinante" para el levantamiento de la huelga de hambre, declaró Di Rocco.

A la protesta de los reclusos de La Plata, situada a unos 50 kilómetros al sur de la capital argentina, en los días posteriores se fueron sumando los presos de otras 19 cárceles de la provincia.

Además de solicitar la revisión del Código Penal, los internos también demandaban mejoras en las condiciones de detención, acotar el régimen de prisión preventiva y la aceleración de los procesos judiciales.

En las 39 cárceles de la provincia de Buenos Aires hay unos 25.200 reclusos, un 85% de los cuales están encausados sin sentencia firme, según cifras oficiales.

Un informe publicado el año pasado añade que el distrito acoge a más de la mitad de los presos del país y posee una tasa superior a 200 encarcelados por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina.

El hacinamiento, el déficit de infraestructura y el maltrato han sido denunciados por distintos organismos humanitarios como los principales problemas que sufre la población carcelaria del país.

El Tribunal de Casación de la provincia, máxima instancia judicial en lo penal, se declaró en "estado de emergencia" por "el crecimiento permanente del índice de entrada de causas y las deplorables condiciones de trabajo".