El juez decano de Málaga, José María Páez, ha asegurado este viernes que no se descarta "ninguna medida" de protesta contra las reformas legales, sobre todo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), previstas por el Gobierno. Así, ha informado de que la Junta de Jueces de la capital, formada por 80 profesionales, ha aprobado por unanimidad un manifiesto en el que, entre otros aspectos, critican "la caótica gestión de la Administración de Justicia".

En rueda de prensa, Páez ha manifestado que los jueces y magistrados de la Audiencia han acordado adherirse a las propuestas formuladas por las asociaciones de jueces y fiscales de julio, de septiembre y a las medidas que allí se proponen; y ha asegurado que no descartan ninguna medida, entre las que estaría el ajustarse a las cifras que marca el módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por juez.

Ha indicado que estarán "muy pendientes" del resultado de las negociaciones tanto de las asociaciones de jueces como del Consejo con el Ministerio de Justicia y ha apuntado que los anteproyectos suponen "una eliminación de facto de las competencias del Consejo que van a ser absorbidas por el Ministerio". Ha dicho que se dejará "pasar un tiempo prudencial" y se estará pendiente de la reunión del CGPJ con los decanos de España el 1 de octubre.

"Sabemos que el Poder Judicial necesitaba una reforma y estas no son las que necesita", ha señalado. "Nuestras reclamaciones no son solo económicas o estatutarias, ni éstas son las principales. Nuestras protestas van encaminadas a conseguir la retirada de las reformas legales planteadas que tienen por objeto el control político del Poder Judicial y minar su independencia", se precisa en el manifiesto aprobado.

Asimismo, Páez ha indicado que en la Junta de este viernes se ha acordado convocar juntas sectoriales "para estudiar las cargas de trabajo que ha planteado el Consejo pero que está pendiente de aprobar". Ha recordado que desde que se hizo cargo del Decanato de Málaga en 2009 "la carga de trabajo viene siendo inasumible", superando esos módulos del Consejo, por lo que "se está trabajando a un ritmo inhumano".

Ha asegurado que no han sabido explicar el trabajo de los jueces a los ciudadanos y que superar esos módulos de trabajo repercute en la calidad de las resoluciones. "Resolvemos cuestiones muy importantes para los ciudadanos y para la Administración y no podemos poner sentencias como churros", ha indicado, apuntando que "ahora mismo estamos desarrollando un trabajo que nos sitúa en el filo de la navaja porque no podemos asumir la carga de trabajo que tenemos".

En cuanto a los recortes económicos, ha dicho que "los jueces llevamos 30 años dando ejemplo de austeridad y de contención del gasto en todos los aspectos". En el manifiesto aprobado se precisa que aunque es "evidente la gravísima crisis", rechazan "el desdén gubernamental a la labor desempeñada por todos los funcionarios a cuyo cargo se encuentran servicios públicos esenciales —sanidad, educación, justicia y seguridad—".

Situación de la justicia

En dicho texto aprobado, los jueces critican la "descoordinada y desordenada gestión de la Administración de Justicia", compartida por el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, es decir, "por tres cabezas, lo que provoca descoordinación y gastos que podrían ser evitados". Así, consideran que existe una "excesiva burocratización que conlleva a "lentitud e ineficacia". "Ninguna empresa podría trabajar con esta organización", apuntan.

Inciden en la "ausencia de voluntad política por modernizar la Justicia", para hacerla "ágil y eficaz", lo que, han dicho, "contrasta con el manifiesto interés en el control político de sus órganos de gobierno". Esto, señalan, "perjudica directamente al ciudadano porque no hay mayor inversión social que la que se efectúa en Justicia". En esta línea, han criticado la "ausencia de inversión" en esta materia.

Asimismo, han mostrado su rechazo a la congelación de plazas judiciales y de las oposiciones y han lamentado "la lentitud e ineficacia patente del sistema judicial", algo que, han subrayado, "los jueces no podemos paliar sin los medios humanos y materiales necesarios y que repercute en el desprestigio de la justicia", siendo "censurable" desde el punto de vista de los ciudadanos, los jueces y el Estado.

En el documento también se refieren a la necesidad de un estudio serio sobre las cargas de trabajo ante la "patente sobresaturación de los órganos judiciales en España" y exigen medidas urgentes de apoyo a esos juzgados sobrecargados. Además, destacan el "voluntarismo personal" de los jueces, magistrados, fiscales y personal de justicia, pese a "la constante degradación de las condiciones laborales salariales y estatutarias".

Asimismo, los magistrados han puesto de manifiesto que "no se sienten representados ni identificados con la actuación del presidente del CGPJ en la negociación de la reforma de la LOPJ y no están en absoluto de acuerdo con el resultado", por lo que exigen a los vocales del Consejo "el pleno respeto y cumplimiento de la alta función que la Constitución les ha encomendado".