La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha pedido el "cese fulminante" del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, por cometer una "grave irregularidad" contra la Ley de Protección de Datos, que afecta a un grupo de profesores y de alumnos.

En rueda de prensa, la responsable socialista ha denunciado, haciéndose eco de las protestas que le han hecho llegar los afectados, que el pasado miércoles la Consejería publicó en el Portal de Educación de Castilla-La Mancha (educa.jccm.es) un listado que "ofendía" y "estigmatizaba" a docentes y alumnos, pues contenía, según Maestre, datos confidenciales sobre bajas por enfermedad de los primeros y sobre comportamientos de los segundos.

Maestre ha apuntado que tras la denuncia y el "malestar" de los afectados, la Consejería de Educación retiró este jueves de su web dicho listado, aunque sigue "circulando".

La portavoz de los socialistas castellano-manchegos ha explicado que este listado delata cuestiones "muy concretas" sobre los docentes que "no deberían haber sido publicadas", porque atentan contra su derecho a la intimidad.

"El ejemplo menos escandaloso es concretar la causa de la baja definiendo la enfermedad, cosa que no está permitido, pero es que incluso llegan a especular con posibles embarazos de docentes que están de baja por enfermedad", ha denunciado.

Así las cosas, ha indicado que en el caso de los alumnos, los datos publicados hacen referencia a menores con necesidades especiales, de los que se hacen comentarios "estimagntizantes" por su comportamiento, algo que ha tildado de "intolerable" y que, a su juicio, demuestra "cómo el consejero está dispuesto a segregar alumnos con necesidades especiales".

Según Maestre en el documento publicado en el Portal de Educación incluso se hace referencia a un importante porcentaje de plazas de la especialidad de Pedagogía Terapéutica que se extinguen. "Hasta ahí llega la torpeza del señor consejero, que pretende obligar a los padres a llevar a los niños a las capitales de provincia a este apartheid que propone el Gobierno Cospedal con niños con necesidades especiales".

Tras apuntar que "es tal el estupor y el enfado" de los docentes afectados que están estudiando organizarse para adoptar medidas legales contra la Consejería por vulnerar sus derechos, ha indicado que la propia Ley contempla sanciones que oscilan entre los 40.000 y los 600.000 euros por delitos como el cometido por el departamento de Marín, "que tendrá que pagar con fondos de las arcas regionales".

"Este Gobierno torpe del PP acomete desagravio, tras desagravio", ha condenado la portavoz socialista, que ha dicho estar a la espera de que la propia presidenta, María Dolores de Cospedal, pida perdón por este asunto y, sobre todo, que "haga una limpieza del organigrama de la Consejería".