El PRC ha advertido este jueves que está dispuesto a acudir a los tribunales de justicia si el Ayuntamiento de Medio Cudeyo (PP) persiste en su negativa a emprender acciones contra la "irregularidad urbanística" cometida por la alcaldesa y diputada popular, María Antonia Cortabitarte, al construir su casa en un suelo rústico de especial protección agrícola-ganadera, "una vez confirmado por el secretario municipal que la Corporación obvió un requerimiento del Gobierno de Cantabria".

Según señalan los regionalistas en un comunicado, de momento han formalizado un recurso de reposición contra la decisión de la Junta de Gobierno de desestimar la solicitud presentada en junio por el Grupo Municipal Regionalista, para iniciar un expediente de disciplina urbanística contra la alcaldesa.

Y es que los regionalistas consideran que los argumentos que sustentan tal negativa "no sólo no rebaten la ilegalidad cometida en la construcción de la vivienda, sino que la confirman", al aludir al certificado en el que el secretario ratifica que el Ayuntamiento "ignoró" un requerimiento de la Dirección General de Urbanismo alusivo a la calificación urbanística de la parcela y a la necesidad de que cualquier construcción en ella estuviera vinculada a una explotación agraria.

"El certificado del secretario confirma que el Ayuntamiento conoció el requerimiento del Gobierno de Cantabria antes de hacer efectiva la licencia y que, por lo tanto, entregó una licencia si no ilegal cuando menos condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos", explica el PRC en su recurso.

Dado que esos requisitos, que exigían la vinculación de la vivienda a una actividad agraria, "nunca han sido cumplidos", los regionalistas consideran que la alcaldesa ha incurrido en una "infracción muy grave" de la normativa urbanística, la cual —dicen— justifica la apertura de un expediente administrativo para declarar la nulidad de la licencia concedida en su día por el Ayuntamiento.

Argumentan además que Cortabitarte "conocía la irregularidad detectada por la Dirección de Urbanismo", dado que era concejal, y destacan que a pesar de ello llevó adelante la construcción de la vivienda e incluso la amplió tiempo después, con una nueva edificación destinada a garaje.

Según el PRC, la "irregularidad" de esta segunda construcción es "aún más grave que la primera", porque en este caso el acuerdo del equipo de Gobierno que la autorizó "ni siquiera se remitió a la Comisión de Urbanismo, ni a ningún otro organismo, pese a las exigencias legales para construir en este tipo de suelo", afirman.

Consideran así que María Antonia Cortabitarte "ha construido su casa y su garaje sin cumplir la exigencia legal que se exige al resto de los propietarios de suelo de especial protección agropecuaria en Cantabria, sin que su vivienda esté relacionada con una explotación agraria y sabiendo que en estas condiciones la construcción es manifiestamente ilegal", concluye el comunicado.