Los sindicatos ANPE, CCOO, CSI-F, FETE-UGT y Ustea han lamentado este martes el auto del Tribunal Constitucional (TC) que se conoció ayer y que mantiene la suspensión de la orden por la que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía convocó un total de 2.389 plazas de Secundaria y FP y han exigido tanto al Gobierno andaluz como al de la Nación que lleguen a un acuerdo y "desbloqueen" esta situación que "dañará aún más" la escuela pública.

Estas organizaciones también han exigido a Mar Moreno que convoque con carácter urgente a la Mesa Sectorial de Educación para analizar este auto judicial y para "buscar soluciones" al mismo. En ese sentido, todos los portavoces sindicales han asegurado a Europa Press que es "necesario" que ambas administraciones, a las que consideran "responsables" —aunque en distinta medida— de esta suspensión por no haber sido capaces de "llegar a ningún acuerdo" con anterioridad por "motivos políticos", sean capaces de entablar un diálogo y sacar adelante una convocatoria "de consenso" porque los perjudicados "son los miles de opositores que llevan años preparándose" para este examen y, finalmente, los alumnos andaluces, que tendrán "menos profesores y cada vez más mayores", ya que esto impide "rejuvenecer las plantillas".

Para el presidente del sector de la Enseñanza de CSI-F en Andalucía, Francisco Hidalgo, el auto del Constitucional supone "el último eslabón de un despropósito y evidencia que los ciudadanos y, en este caso, los opositores, les importan poco o nada a los partidos gobernantes, ya sea en Madrid o en Sevilla". Así, tras lamentar "la situación de indefensión y desamparo que viven miles de opositores víctimas del fuego cruzado entre las formaciones que gobiernan a nivel estatal y autonómico", Hidalgo ha criticado que "se juegue con el futuro y las expectativas de miles de docentes en tiempos especialmente dramáticos para el conjunto de la sociedad".

José Blanco, secretario general de Enseñanza de CCOO en Andalucía, ha derivado la mayor parte de sus críticas hacia el Gobierno central porque, aunque asegura que ambas partes debieron buscar una solución antes de que el Ministerio de Hacienda impugnara las oposiciones, la convocatoria de la Junta de 2.389 plazas docentes "estaba amparada por la legalidad". El Gobierno arguyó que este número de plazas sobrepasaba el porcentaje del diez por ciento de reposición estipulado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la Junta siempre defendió que cuando aprobó la convocatoria este porcentaje era del 30 por ciento.

"Hemos perdido ya a miles de profesores, con lo que eso supone de deterioro para el sistema educativo y de pérdida de empleo docente, por lo que seguimos insistiendo en que la suspensión de esta convocatoria va a dañar aún más a la escuela pública y que, por tanto, hay que buscar vías de soluciones conjuntas para no dañar ni a los docentes ni a los usuarios del servicio", recalca.

Lo mismo plantean el presidente de ANPE Andalucía, Francisco Padilla, y el responsable de acción sindical de Ustea, José Segovia, quienes tacha de "muy negativo" el auto del TC porque, a su juicio, si se lee entrelíneas, "ya señala cuál va a ser su fallo final", la de suspender definitivamente esta convocatoria.

Ante ello, Padilla apuesta por "no tirar la toalla" y por instar a la Administración central y autonómica a que, en vez del "enfrentamiento frontal demostrado por ambas" antes de que el Gobierno presentara el conflicto de competencias que a derivado en este auto del Constitucional, se "comprometan a mantener un diálogo y llegar a un consenso". Segovia, por su parte, duda de que se pueda conseguir un pacto entre las partes que no sea el de convocar las oposiciones solo para reponer al diez por ciento del profesorado, algo que, en su opinión, "no merecería la pena" porque serían "miles de opositores para muy pocas plazas".

De otro lado, el secretario general de FETE-UGT en Andalucía, Juan Carlos Hidalgo, insiste también en que el sistema educativo andaluz necesita estas nuevas incorporaciones para cubrir vacantes y jubilaciones y para hacer más estables las plantillas docentes. "Si como consecuencia del Real Decreto Ley 14/2012 se quitan profesores y, al mismo tiempo, no se deja convocar oposiciones para incorporar a nuevos profesores, el sistema cada vez se adelgaza más y eso es un error", argumenta. Por ello, también exige al Gobierno central que "retire la impugnación a la convocatoria andaluza", aunque ve "difícil" que esto ocurra.