El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado que el proyecto de ley presentado por el Gobierno regional para reformar, por segunda vez en lo que va de legislatura, la Ley del Suelo, "generaliza" el uso de los PSIR para todo tipo de actividades y en todo tipo de suelos, inclusive los especialmente protegidos, lo que en su opinión constituye una "temeridad", además de "un engaño y un fraude" después de ocho años de "oposición frontal" del PP a esta figura urbanística.

Por otro lado, esta nueva reforma de la Ley del Suelo tiene, según ha explicado el diputado socialista Miguel Angel Palacio este martes en rueda de prensa, un segundo objetivo, que los ayuntamientos "puedan modificar tantas veces como lo deseen" los planeamientos anteriores a la Ley del Suelo, sin necesidad de adaptarse a esta norma aprobada por unanimidad en el año 2001, lo que hará que "estos viejos planeamientos se perpetúen en el tiempo".

Ambos motivos han llevado al PSOE a presentar una enmienda a la totalidad solicitando la devolución al Gobierno de este proyecto de ley de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. El plazo para presentar enmiendas a la totalidad finalizó este lunes y únicamente el PSOE ha ejercido esta opción.

Palacio recordó que la Ley del Suelo concibió la figura del PSIR como un instrumento para desarrollar proyectos de interés regional en casos "excepcionales" justificados por su "urgencia o necesidad" (polígonos industriales, viviendas de protección oficial, hospitales,...).

Dicho esto, señaló que en las dos últimas legislaturas, el PP promovió desde la oposición un rechazo "frontal" a los PSIR, "creó un estado de opinión contrario" a esta figura y anunció que modificaría la Ley del Suelo para modificar los PSIR".

"Se opuso prácticamente a todos, en los Ayuntamientos, en el Parlamento, los llevó a los tribunales,..." —enumeró el parlamentario socialista—, por "razones ambientales o paisajísticas, por la indefensión de los propietarios, el beneficio de los promotores,...", y "defendió que la autonomía municipal y los derechos de los propietarios estaban por encima del PSIR".

Con estos antecedentes, dijo Palacio, "entendíamos" que el PP trataría de "eliminarlos o limitarlos aún más", y sin embargo propone "justo lo contrario".

El diputado socialista ha denunciado que autorizar el desarrollo de PSIR "para todo tipo de actividades y en toda clase de suelos", "rompe la excepcionalidad y el carácter tasado" de este instrumento, y "no respeta las cautelas" que la legislación estatal prevé para los suelos protegidos. "Es una temeridad intentar desarrollar PSIR en un suelo especialmente protegido, generará recursos en los tribunales", advirtió.

Planeamientos municipales

Por otro lado, Palacio considera que con esta nueva reforma de la Ley del Suelo, el PP pierde "una segunda oportunidad" de revisar esta norma para facilitar a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, la adaptación de sus planeamientos, algo necesario en vista de las "dificultades" que los municipios están teniendo para aprobar sus nuevos planeamientos urbanísticos.

"Santander ha tardado más de siete años, tres legislaturas, y eso poniendo el Gobierno la máxima diligencia, como ha dicho el presidente", recordó Palacio.

El parlamentario subrayó que la Ley del Suelo fue una norma "novedosa" que garantizó el principio de legalidad y aportó "soluciones reales". Una ley aprobada por consenso que "protege el medio ambiente y el patrimonio como nunca hasta entonces", que aportó una "gran seguridad jurídica" y que es "la solución" al problema de los derribos, dijo tras puntualizar que la mayor parte de las sentencias de demolición se produjeron con anterioridad a esta ley.

Según Palacio, las modificaciones de los planeamientos municipales estaban "tasadas" para que los ayuntamientos los adaptaran "cuanto antes" a la Ley del Suelo. Sin embargo, al "autorizar toda clase de modificaciones, estos viejos planeamientos se perpetuarán en el tiempo", advirtió, lo que "retrasa los derechos que la Ley del Suelo confiere a los ciudadanos y la seguridad jurídica que ofrece".