La falta de papeles retrasa la mejora del Casco Vello

El Consorcio reconoce que las «escrituras también están en ruinas». Por ahora, la adquisición de viviendas se centra en la zona alta del barrio.
Herencias sin resolver, viviendas con dueños en paradero desconocido, papeles deteriorados y escrituras ilegibles son algunas de las dificultades con las que se han encontrado en el Consorcio del Casco Vello desde que el pasado año comenzó a adquirir viviendas para su recuperación.Y es que, según informan desde el propio Consorcio, en el barrio histórico «las escrituras están en ruinas». Un estado que coincide con el de medio centenar de inmuebles allí situados.

Hasta 2009 van a invertir 30 millones de euros para recuperar cerca de 600 viviendas del Casco Vello. Sin embargo, las compras hoy se centran en la zona alta, especialmente en Ferrería, por ser el área más abandonada.

Aunque por el momento no se facilitan datos concretos, en el Consorcio del Casco Vello aseguran que la recuperación de este barrio es un proyecto a largo plazo. Aseguran que «somos un propietario de referencia, pero todavía no tenemos el número de propiedades suficientes como para cambiar el estado ruinoso de la zona».

También recuerdan que el proceso de mejora se agilizará cuando se apruebe el Plan Especial de Urbanismo (PEPRI). En ese momento, el Consorcio decidirá cómo actuar y plantea la posibilidad tanto de adquirir viviendas una a una como de proceder a la expropiación forzosa de las mismas.

En este barrio hay 2.134 inmuebles de los que 533 están en estado ruinoso, según los datos del Consorcio. Sin embargo, el número de habitantes ha descendido de los 8.000 de los años ochenta a los 2.800 vecinos de la actualidad.

Cinco personas acuden al retracto

Según aseguran desde el Consorcio Casco Vello, por ahora son sólo cinco las personas que han informado al Concello de que su vivienda está en venta. Después, el Consorcio puede ejercer el derecho de retracto y comprar ellos la vivienda para rehabilitarla. Aunque reconocen que esta medida elimina los derechos de los compradores particulares, «ayuda a clarificar el mercado porque facilita la adquisición de inmuebles a la Administración Pública».

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