El presidente colombiano, Alvaro Uribe, ha autorizado la búsqueda de un consenso con las FARC sobre las condiciones que deberán regir la "zona de encuentro" exigida por esa guerrilla para negociar un acuerdo sobre secuestrados.

Las gestiones por la parte gubernamental estarán a cargo del alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, según un comunicado divulgado por la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo en Bogotá.

La nota dice que se tratará de "buscar con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) un acuerdo de condiciones propicias para una eventual zona de encuentro".

Dicha zona deberá ser "eficaz para el acuerdo humanitario y un proceso de paz", añade el comunicado, que fue divulgado horas después de que la organización insurgente publicara una carta abierta en la que propone a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial una agenda para una salida negociada al conflicto interno.

La declaración de Uribe dice que la misma zona de encuentro puede contar "con garantías de buena fe que además deberían incluir un cese de hostilidades, limitaciones de tiempo y los requisitos que propusieron los 3 países europeos (España, Francia y Suiza)".

Los gobiernos de esos países conformaron una comisión internacional que el pasado diciembre sugirieron como sede de diálogo una aldea en el suroeste de Colombia, previa una retirada de la Fuerza Pública y con la participación de la comunidad internacional como instancia de verificación.

Propuesta europea

Uribe aceptó la propuesta de España, Francia y Suiza, pero las FARC han mantenido su exigencia de que la desmilitarización alcance los territorios de Florida y Pradera, localidades a menos de 50 kilómetros al este de Cali.

Entre los observadores internacionales se encuentra el juez Baltasar Garzón, que se ha desplazado a la zona para estar presente en el proceso.

"Consistente con la propuesta formulada públicamente por el Alto Comisionado (para la Paz) hace más de un año, el Gobierno considera viable la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, como final del proceso de paz, por supuesto, con previa dejación de armas", continúa la nota.

El comunicado advierte de que "por ningún motivo se permitirá el debilitamiento de la política de seguridad democrática", que centra el programa gubernamental de Uribe.

Una serie de discrepancias sobre lo que debe ser la "zona de encuentro" les ha impedido al Gobierno y a las FARC asumir las negociaciones del acuerdo humanitario o de canje al que esta guerrilla ha condicionado la liberación de 59 personas que mantiene secuestradas, algunas de ellas desde hace más de ocho años.

Los rehenes son efectivos de la Fuerza Pública, políticos, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, y tres ciudadanos estadounidenses.

Los insurgentes pretenden canjearlos por más de medio millar de rebeldes presos, entre ellos dos extraditados a Estados Unidos.