Comisiones Obreras en Castilla y León ha advertido hoy de que Castilla y León cumple treinta meses consecutivos con una inflación superior a la media nacional y que en la actualidad se sitúa, junto a Cataluña y Cantabria, entre las más inflacionistas de España.

No obstante, el sindicato que dirige Ángel Hernández recuerda que de cara a los próximos meses el encarecimiento de los carburantes, de los suministros del hogar y los recortes en sanidad y en educación seguirán contribuyendo a mantener una inflación excesiva, con un efecto todavía mayor a partir del mes de septiembre ante el efecto de la nueva subida del IVA.

Para CC.OO, tal y como explica a través de un comunicado, la estrategia de política económica emprendida en España para salir de la crisis se basa en tratar de aplicar una devaluación interna, ante la imposibilidad de implementar una devaluación de una moneda propia que ya no tenemos.

"Se trata de una estrategia suicida centrada en una fuerte caída de los salarios y, con ello, pretendidamente, de los precios, para tratar de mejorar la competitividad exterior de nuestros productos, con el enorme coste de provocar un brutal hundimiento de la demanda interna mientras dure el proceso", critica.

Sin embargo, de momento, apunta, sólo se está observando la fuerte caída de los salarios, que en 2012 se intensificará por la acción conjunta del recrudecimiento de la crisis económica y el repunte de la inflación.

De esta forma, el sindicato sostiene que la pretendida estrategia de la devaluación interna lo único que está provocando, además del hundimiento absoluto de la demanda interna (consumo, inversión y gasto público) es una brutal transferencia de la renta nacional (cada vez más escasa) de los trabajadores a los empresarios, que de acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional ya superaría los 30.000 millones de euros en los tres últimos años (el tamaño de las economías de las provincias de Valladolid, Burgos y León juntas).

Por ello, demanda al Gobierno de la nación y a la Junta un giro total de sus políticas "injustas e ineficientes" y su sustitución por otras que pasen por una evolución equilibrada de la distribución factorial de la renta entre trabajadores y empresarios, a través de una moderación de los precios y el freno a la caída de los salarios reales, que impulse el consumo privado gracias a la mejora del poder adquisitivo.

Y todo ello acompañado por la introducción de políticas de estímulo de la actividad económica y el empleo a través de la recuperación del gasto y la inversión públicos, que contribuyan a incentivar una demanda interna que se encuentra cada vez más hundida.