El representante de los jueces en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Iván Oliver, ha rechazado la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial por considerar que no ahorra costes ni facilita la cercanía de la Administración de Justicia al ciudadano.

Oliver ha comparecido esta mañana ante la Comisión especial para el estudio de la propuesta más adecuada para Aragón con vistas a la reforma de la Ley mencionada, donde ha considerado que la propuesta del Consejo no conseguiría la especialización de los órganos judiciales, uno de sus objetivos, porque no se crearía —en Aragón— ninguno nuevo con más de ocho, que es la cantidad mínima para la especialización.

"Los partidos judiciales resultantes no tendrían el mínimo de ocho órganos judiciales previsto para la especialización y en concreto en materias como la lucha de la violencia contra la mujer".

La accesibilidad de la Justicia es otro asunto, ha explicado Oliver, quien ha recordado que "el escaso número de habitantes por demarcación judicial no es lo más relevante, pero sí lo son los tiempos de desplazamiento, porque hay poblaciones que en la actualidad ya tardan más de una hora en llegar a su juzgado, lo que se aumentaría en caso de concentración de partidos judiciales".

Con todo esto, el representante de los jueces en la Sala de Gobierno del TSJA no ha querido olvidar todos los procesos paralelos emprendidos en el ámbito de la Justicia, como el hecho de que "hay nuevos edificios judiciales en buenas condiciones que habría que abandonar y habría que crear nuevos donde juntar otros servicios para los que no tienen espacio".

En resumen, según Iván Oliver, "la propuesta no cumple ni sus propios objetivos ni las bases, porque no se llegaría a los 100.000 habitantes en las demarcaciones judiciales y además en ninguna se llegaría a los ocho órganos judiciales, por lo que no habría especialización de la que se habla".

"La propuesta tiene sentido en algunos lugares como los alrededores de grandes ciudades, como Valencia o Sevilla, con áreas urbanas muy pobladas y a poca distancia, pero en Aragón ocurre todo lo contrario", ha sentenciado Oliver.

GRUPOS

El diputado popular Fernando González (PP) ha resaltado "la complicada fórmula que se plantea" con la posible demarcación propuesta por el CGPJ. El diputado del Grupo Popular ha remarcado los cuatro aspectos que deben sopesar como "la carga de trabajo que tienen las demarcaciones, los medios humanos de la nueva oficina judicial", la necesidad de contar con "un servicio de Justicia cercano al ciudadano" y "la especialización necesaria", por lo que González ha preguntado por "las posibles soluciones que combinen los cuatro aspectos".

El parlamentario socialista Carlos Tomás ha mostrado su "satisfacción con la visión expuesta" por Oliver, ya que a juicio del diputado del PSOE "esta propuesta del CGPJ sólo podría beneficiar a fiscales y jueces por ahorrar sus desplazamientos, pero vemos que ustedes también consideran como nosotros que no se fortalecen los servicios de apoyo, no se facilita el despliegue de la nueva oficina judicial, ni se puede dar la especialización necesaria, y que todo esto sólo supone complicar la vida a los ciudadanos".

Joaquín Peribáñez (PAR) se ha posicionado en la misma línea de las opiniones expresadas por el resto de Grupos Parlamentarios. No obstante, "hemos hablado sobre el papel de los juzgados de paz en poblaciones de más de 7.000 habitantes, y no somos partidarios de su supresión, y sí a favor de agrupaciones de los mismos con una figura como el juzgado de paz comarcal, que puede evitar largos desplazamientos de los ciudadanos", ha dicho Peribáñez.

"Y, en el ámbito de prestación de servicios, quizás sea idóneo que los partidos judiciales y las comarcas fueras coincidentes en la mayor o menor medida", ha asegurado el portavoz del PAR.

La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha expresado que "hay que partir de una realidad, que es nuestro Estatuto de autonomía, donde se indica, en el artículo 68, que corresponde a la Comunidad autónoma determinar los límites de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y la capitalidad de las demarcaciones judiciales se fijará por Ley de las Cortes de Aragón".

Ibeas, quien ha repasado los principios de la justicia como servicio de proximidad y ha resaltado las características territoriales y poblaciones de Aragón, ha querido mirar hacia el futuro y ha pedido a Oliver "su opinión para propulsar una mejora del sistema de justicia que tenemos actualmente en Aragón, tanto en las ciudades como en el medio rural".

El portavoz de IU, Adolfo Barrena (IU), ha manifestado su preocupación "por el medio rural y el acceso de esta ciudadanía al derecho a la Justicia", y ha indicado que "no compartimos la propuesta del CGPJ para territorios con las características de Aragón, y aunque puede tener su sentido en zonas muy pobladas, no piensa en la España de interior".

PROCURADORES

También ha comparecido ante esta Comisión el decano del Colegio de Procuradores de Zaragoza, Luis Ignacio Ortega, quien ha señalado que esta reforma "tiene fecha de caducidad" por cuanto requiere una mayoría absoluta para aprobarla.

Ortega ha considerado necesario llevar a cabo una reforma, pero ha precisado que se deben tener en consideración las "peculiaridades de cada territorio" y el plazo de aprobación.

Los procuradores consideran que debe mantenerse la actual distribución de órganos judiciales en el territorio, ha continuado Luis Ignacio Ortega, quien ha avisado de que se pueden desaprovechar algunas sedes judiciales.

Ha hecho hincapié en la "importante" reducción de plantillas a que podría dar lugar, tras lo que ha resaltado que "el actual diseño de partidos —judiciales— ha sido un factor determinante para el desarrollo social y económico".