El equipo de gobierno de la Diputación de Málaga pretende avanzar en el saneamiento financiero de la institución, iniciado tras su toma de posesión en junio de 2011, y pretende proseguir con la adopción de medidas económicas para garantizar su reequilibrio financiero, proponiendo mejoras en el funcionamiento.

Así, tras alcanzar objetivos, como la eliminación de las deudas con proveedores o la amortización de débito bancario en 55 millones de euros, la institución continúa "con la gestión responsable" y plantea mejoras en su funcionamiento para cumplir las exigencias del Gobierno a las administraciones públicas.

En este sentido, el área de Economía y Hacienda, dirigida por la vicepresidenta primera, María Francisca Caracuel, llevará al próximo pleno ordinario, el 18 de septiembre, propuestas concretas para que la Diputación se acoja a la ampliación del plazo de devolución al Estado de cantidades relativas a la financiación local.

En concreto se trata de la liquidación de la participación de la Diputación en los ingresos del Estado (PIE) de 2008 y 2009. Ello permitiría disponer del doble de tiempo para pagar. Se empezará a abonar el 1 de enero de 2013, según han explicado desde el ente supramunicipal.

Han destacado que el pleno ya ha aprobado por unanimidad este año solicitar al Estado una ampliación de cinco a 10 años en el tiempo fijado para reintegrar este dinero recibido de más en los ejercicios mencionados, han manifestado desde la Diputación a través de un comunicado.

Para autorizarlo, el Ministerio de Hacienda plantea a las administraciones públicas que elaboren y remitan un plan que garantice la corrección de posibles desequilibrios económico-financieros.

Caracuel ha recordado que la institución "ya ha adelantado mucho trabajo desde la toma de posesión del actual equipo de gobierno, ya que los retos más urgentes —reducción de deuda y déficit, pago a proveedores, racionalización y contención del gasto— se han logrado gracias al plan de ajuste instaurado en el segundo semestre de 2011 y a los presupuestos de 2012, que son en si mismos un ejercicio de austeridad". Así, planteaban ingresos "realistas", reducción de gastos y "mantenimiento de las políticas sociales, las inversiones y la atención a los municipios".

Plan en el próximo pleno

El plan que presentará Caracuel en el próximo pleno considera prioritaria la implantación de un programa informático de gestión documental que dinamice el procedimiento y las comunicaciones internas, con el objetivo de reducir al mínimo los trámites administrativos necesarios para el pago a proveedores.

Además, se realizarán controles internos de auditoría para detectar posibles fallos en los servicios de la Diputación. Además, servirán como mecanismos de alerta temprana que permitirán la adopción de medidas de corrección, apoyo y refuerzo cuando sean necesarias.

También se usarán las vías telemáticas como medio de contacto con los proveedores y empresas para solventar posibles incidencias que puedan surgir durante el procedimiento del gasto o el reconocimiento de la obligación de pago.

Ha insistido en que la ampliación del plazo concedido por el Gobierno para la devolución de los saldos pendientes relativos a la PIE, "por tanto, depende de una serie de conceptos que ya se han ejecutado en su mayoría".

La vicepresidenta primera ha destacado entre ellos el citado plan de ajuste, "que evitó un incremento del índice de endeudamiento superior al 143 por ciento", y también la reducción de los centros gestores —firmas para autorizar gastos en nombre de la Diputación— de 833 en el anterior mandato a 17 en el actual.

También ha puntualizado Caracuel que "el bloqueo de gastos decidido en el último trimestre de 2011, salvo los de personal, financiero, de conservación y mantenimiento, fue fundamental para contener una partida que habría aumentado el endeudamiento de forma excesiva". Además, desde la toma de posesión del actual equipo de gobierno "se ha pasado de un remanente de tesorería negativo de 26 millones de euros a uno positivo de ocho millones". "Es una potenciación de los ingresos muy importante", ha asegurado.

Ha resaltado que este ejercicio de "rigurosidad" económica se ha realizado al mismo tiempo que se pagaba deuda bancaria "en los niveles más altos de la historia de la Diputación". Además, la amortización prevista de créditos financieros —decidida por el anterior gobierno de la institución— marca que entre 2012 y 2015, ambos inclusive, hay que devolver a las entidades 130 millones de euros, es decir, el 60 por ciento de la deuda viva. "A pesar de este lastre, la gestión económica actual cumple los objetivos", según Caracuel.