La Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del área de Dos Hermanas (Sevilla) ha archivado las diligencias que había abierto para investigar las obras acometidas por la junta de compensación del sector conocido como La Isla de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) al margen de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de dicha localidad, gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), al "no concurrir los elementos del delito investigado".

Así lo recoge el Ministerio Público en el escrito que, fechado este pasado 22 de agosto, ha remitido al Ayuntamiento alcalareño, y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que descarta que se haya podido incurrir tanto en el delito tipificado en el artículo 319.2 del Código Penal —que sanciona las construcciones no autorizables en suelo no urbanizable—, como en el recogido en el artículo 325 de dicha norma, que sanciona vertidos o captaciones de agua que puedan "perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales".

Esta decisión de la Fiscalía llega apenas un mes después de que el Consistorio alcalareño le hubiera remitido la documentación relativa a las obras acometidas por la junta de compensación del plan parcial del SUS-R9, bautizado como La Isla.

Cabe recordar que dicho plan contempla una zona de 67,4 hectáreas de Alcalá de Guadaíra en la que se ha proyectado la construcción de mil viviendas protegidas, un centro hospitalario, un campo de fútbol, un intercambiador modal de transportes para el tranvía, carriles bici, zonas educativas, comerciales y espacios verdes.

Si bien la junta de compensación constituida en torno a estos suelos contaba con una licencia de obras otorgada el 18 de junio de 2010 por la junta de gobierno del Ayuntamiento, los trabajos fueron paralizados en 2011 al constatar la Sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que los trabajos no respondían a la licencia en cuestión, que aludía a la "explanación" de los suelos.

En concreto, los trabajos en cuestión habrían comprendido sobreexcavaciones y rellenos e incluso las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra alertaron de una "extracción de albero encubierta" a través de estas labores. El pleno del Consistorio, de cualquier modo, aprobó el pasado mes de enero por unanimidad de todos los grupos políticos ordenar a la junta de compensación la "restauración del orden jurídico perturbado" e informar de los hechos al Ministerio Público.

En el escrito remitido al Consistorio, la Fiscalía reconoce que "se ha repuesto la situación a la existente con anterioridad", para lo cual alude al informe realizado en el pasado mes mayo por la entidad 'Elabora Agencia para la Calidad de la Construcción', contratada para el control de la calidad de los trabajos de restitución de los terrenos, que constató que "las sobreexcavaciones y rellenos incontrolados", que la propia sociedad había denunciado en octubre de 2011, habían sido "restituidos conforme a las especificaciones establecidas".

Además, la Fiscalía descarta que se haya incurrido en los delitos recogidos en los citados artículos 319.2 y 325 del Código Penal, tanto porque el suelo donde se llevaron a cabo estas actuaciones está considerado por el Ayuntamiento como "urbanizable", como porque "ninguno de los informes pone de relieve" que con estas obras se pusiera en grave peligro "el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas".

Por ello, el Ministerio Público argumenta en su dictamen que "no existen elementos suficientes para justificar la formulación de denuncia por el Ministerio Fiscal ante el Juzgado competente al no concurrir los elementos del delito investigado", motivo por lo que ha procedido a archivar las diligencias de investigación.

El ayuntamiento, SATISFECHO

Por su parte, el equipo de gobierno local ha mostrado en un comunicado su satisfacción por esta decisión, al entender que con ella "se demuestra que no ha habido ningún tipo de delito en este sentido", a la vez que critica las "calumnias" que, según el Ayuntamiento, ha vertido el PP de Alcalá con motivo de este caso con el propósito de "calumniar" al Consistorio.